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La campaña de vacunación contra el coronavirus de los menores de 5 a 11 años seguirá su curso en la Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado las medidas cautelarísimas que habían solicitado tanto el padre de una niña como de la Asociación Liberum en sendos recursos contra el proceso que se ha iniciado este miércoles . La Sala de lo Contencioso Administrativo da tres días a la Generalitat para que presente alegaciones.
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Respecto al escrito de la entidad en el que aludía a que la Conselleria de Sanidad iba a actuar «sin el debido consentimiento informado y falta de prescripción médica» , los magistrados entienden que el acuerdo del departamento dirigido por Ana Barceló «pormenoriza los beneficiarios de la vacunación, prevé reacciones adversas y efectos secundarios y como proceder ante esta eventualidad, el lugar de la vacunación -centros educativos- y prevé también -aspecto fundamental- que en todo caso la autorización de padres, madres, tutores legales para llevarla a efecto, sin que se pueda vacunar a falta de dicha autorización».
En ese sentido hacen referencia los jueces a que «existe un cuestionario de autorización para emplearlo y un modelo de autorización, así como un escrito dirigido a los directores de los centros educativos».
Como públicó ABC , en el caso progenitor -abogado de profesión- el recurso se dirigía contra la decisión del Gobierno autonómico de solicitar esas autorizaciones a las familias en un plazo de 24 horas y la falta de «intimidad» y de «protección de datos» al llevar a cabo la inmunización en las aulas.
No obstante, el alto tribunal entiende que «la resolución impugnada no supone un perjuicio irreparable al interesado, desde el momento que la vacunacion es voluntaria » y señala que «es indudable el interés de la Administración de que desplieguen efectos sus resoluciones con pluralidad de destinatarios adoptadas en relación con la pandemia que todavía sufrimos».
De hecho, incide el auto, «la hoja informativa y la instruccion inicialmente es acorde con las medidas adoptadas en relacion con la pandemia, sin que con ellas se vulneren derechos fundamentales del recurrente , ni implica ataque alguno a la ley de proteccion de datos de los vacunados», pues hacen referencia a que las autorizaciones quedarán custodiadas en el centro y su contenido no se difundirá.
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