Fiscalidad
La izquierda valenciana aprueba una nueva tasa turística en plena crisis por el coronavirus
El Ayuntamiento de Alicante ya anuncia que no aplicará el impuesto «voluntario» y Carlos Mazón denuncia el «ataque» al tejido productivo
La Generalitat Valenciana sacará adelante finalmente una tasa turística -voluntaria y municipal- tras el acuerdo de los tres socios de gobierno ( PSPV, Compromís y Podem ), un nuevo impuesto que ha suscitado un fuerte rechazo en el sector, sumido en una fuerte crisis arrastrada por la pandemia del coronavirus.
A pesar de las reticencias también de los socialistas durante los últimos meses a la propuesta conjunta de sus dos aliados de coalición, las tres formaciones se comprometen así a presentarla antes de marzo tras consensuarla con el tejido productivo, con los ayuntamientos y con los vecinos.
En un escrito conjunto, firmado este martes a un día de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat y de la ley de acompañamiento en la que se incluirá este impuesto, el gobierno liderado por Ximo Puig garantiza que entre enero y febrero llevará a cabo un proceso de diálogo con el sector turístico ( empresariado y trabajadores ) y con los ayuntamientos , asociaciones de vecinos, expertos y representantes de administraciones del entorno que cuentan con tasa turística.
A partir de ahí, su objetivo es presentar antes de que acabe marzo una proposición de ley creadora del «impuesto valenciano de estancias turísticas», un impuesto voluntario y municipal para que los ayuntamientos que lo decidan puedan obtener rendimiento económico del turismo.
Reacciones en contra
La primera reacción ha venido de la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), quien ya ha advertido de que si está en su mano, el gobierno municipal no la aplicará en la ciudad.
«Si de nosotros depende, Alicante no tendrá una tasa turística. Parece mentira que en la situación en la que nos encontramos, con la pandemia azotando de nuevo a la ciudadanía y, especialmente al sector turístico, se decidan ahora a aprobar la tasa turística», ha lamentado Sánchez en un comunicado.
Para Sánchez, se trata de «un gravamen» a los ciudadanos y de un «lastre» para el sector que lo deja «en una clara desventaja competitiva con respecto a otros destinos de similares características y ofertas».
También ha lamentado la concejal de Turismo que «es inconcebible que ni siquiera hayan hablado aún con el sector y que anuncien que van a hacerlo de aquí a marzo» y que se apruebe «una exigencia de Compromís y de Unidas Podemos con la que ni siquiera el PSPV decía estar de acuerdo».
En parecidos términos se ha pronunciado también el presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón , que ha tachado la tasa como «un ataque directo al modelo productivo de la Comunitat Valenciana».
También ha rechazado «el seguidismo que a estas propuestas está haciendo el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig», quien a su juicio no ha sido capaz de plantarse y decir que no y «finalmente, por motivos partidistas, ha sucumbido a las pretensiones de sus socios de gobierno y no ha tenido en cuenta la situación del sector y lo que es más beneficioso para los intereses de los valencianos».
Mazón ha enumerado igualmente otras consecuencias negativas de la política de las administraciones gobernadas por los socialistas. «Después de la chapuza del Imserso, de los malos datos porque la recuperación no acaba de llegar, después de haber señalado con el dedo a todo el sector turístico y cuando más falta hace poder abrir una puerta a la esperanza para la recuperación y volver a recibir visitas turísticas cuando pase esta sexta ola, ahora, en estos momentos, se abre la puerta a la tasa turística», ha criticado.
Pendiente de negociación
Esta iniciativa asumirá como punto de partida la enmienda conjunta de la tasa turística presentada por Compromís y Unides Podem, incorporando las «mejoras del proceso de diálogo». Por tanto, para facilitar el acuerdo y la participación ciudadana, esta propuesta no se votará en el pleno de este miércoles para su incorporación a la ley de acompañamiento.
En el 'Acuerdo valenciano para un turismo más sostenible, responsable y de calidad', Manolo Mata (PSPV), Fran Ferri (Compromís) y Pilar Lima (UP) recuerdan que los tres partidos «comparten la importancia del sector en la economía valenciana y la necesidad de trabajar por un modelo generador de calidad de vida para la ciudadanía».
También señalan que algunos ayuntamientos han reclamado la puesta en marcha de la tasa sin afectar a la demanda, con el objetivo de «cuidar su atractivo turístico», financiar sus servicios o invertir en políticas que compensen los efectos negativos del turismo, como el aumento de precio de la vivienda . Todo ello en la línea de las políticas impulsadas por las principales ciudades europeas.
Tras sellar el acuerdo, Mata ha trasladado a los periodistas que esta propuesta es una «vía valenciana » que «no tiene nada que ver» con los impuestos vigentes en Catalunya o Balears, ya que la deja en manos de los ayuntamientos . Ha asegurado que es el modelo «más razonable» y que contará con un marco legal «muy sólido» que determinará qué ámbitos no estarán penalizados, entre los que ha apuntado al Imserso o a las estancias vinculadas a la salud.
«No podemos fracasar, tenemos que convencer al máximo de ayuntamientos e instituciones», ha manifestado el socialista, para insistir en que cada municipio tendrá « libertad » de aplicar la tasa o no y en que ya se determinará si será «de uno o dos euros». Y ha confiado en que en 2023, si la situación sanitaria se normaliza, «muchos ayuntamientos la adopten».
De Compromís, Ferri ha coincidido en que se podrán acoger a este impuesto las ciudades que «lo deseen» y ha reiterado que era una tasa que deben pagar los visitantes de la Comunitat al igual que los valencianos hacen cuando viajan a Roma o París. «Si no, la estamos pagando los valencianos», ha advertido.
Y Lima (UP) ha celebrado el acuerdo y ha llamado a lograr el «máximo apoyo» del sector turístico, tanto de los empleados como de los empresarios. Ha prometido que la propuesta tendrá seguridad jurídica y ha recordado que el objetivo es caminar hacia un turismo sostenible para «cuidar el medio ambiente y cuidar a los valencianos».
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