Tribunales
El heredero de Gerardo Rueda: «No he negociado nada en privado con Consuelo Císcar para el IVAM»
El acusado de malversación en la venta de piezas de su padre al museo valenciano lamenta en el juicio la perdida reputacional: «Esculturas que valían un millón y medio ahora cuestan cero»
La tercera sesión del juicio por el supuesto fraude millonario en la compra de reproducciones de las obras de Gerardo Rueda que el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) pagó como originales ha estado marcada por dos episodios de tensión. Por un lado, la súbita interrupción de la vista tras la indisposición del abogado de Consuelo Císcar , que ha obligado a suspenderla hasta el lunes. Por otro, el inicio del interrogatorio que ha protagonizado uno de los acusados, el hijo y heredero del artista fallecido en 1996, José Luis Rueda .
«Han vulnerado mis derechos» desde que se inició el caso y «han destrozado el nombre de Gerardo Rueda y José Luis Rueda», ha aseverado. «Esculturas que se vendían a millón y medio, ahora cuestan cero» , ha lamentado tras erigirse como una «víctima» de la «venganza» del exadministrador del IVAM Joan Llinares y del exdirector artístico del museo Vicente Todolí.
El procesado, para el que la Fiscalía pide cinco años de prisión por un delito continuado de malversación, ha sostenido que si entre 2004 y 2009 -los años que tardó el instituto en pagarle- se le hubiera llamado para comunicarle que no estaban de acuerdo con la compra y donación, «encantado de la vida hubiese ido a buscar las obras y hubiera devuelto el dinero» porque «no lo necesitaba».
Rueda ha defendido que todas las obras vendidas y donadas son originales porque, pese a que algunas se fundieron tras la muerte del escultor, «el proceso creativo» era suyo y dejó autorización a su descendiente para cambiar las dimensiones y los materiales de las mismas. Como heredero, ha insistido, tiene derecho a disponer de hasta una docena de copias y «todos los museos del mundo tienen esculturas fundidas después de la muerte de sus autores».
Además, ha afirmado que el acuerdo de la venta de «El Gran Relieve» y la donación añadida de trece esculturas -nueve fundidas tras el fallecimiento del artista y «valoradas por ustedes en 1,6 millones»- que se materializó en 2004, «viene de cinco directores anteriores» del museo, desde la etapa de Carmen Alborch al frente del mismo (1988-1993).
De hecho, ha indicado que tras la muerte de su padre llegó a un acuerdo con el Reina Sofía en 1999, pero no lo ejecutó «por respeto» a su progenitor y a la institución. No obstante, el centro de artes madrileño adquirió por 360.000 euros «la maqueta» de esa pieza. Mismo precio que pagó después el IVAM por uno de los «cinco grandes relieves» que su padre «dejó fundidos». «Tuve la amabilidad de cobrarles lo mismo, porque habría podido pedir más», ha puntualizado.
«Se hizo el mismo proceso legal» en ambos casos, aunque no ha querido responder a con quién negoció los contrato suscritos con el organismo autónomo de la Generalitat que están bajo sospecha. «Yo no he negociado nada privadamente con Consuelo Císcar» , ha incidido tras acusar a la fiscal de realizar «preguntas ofensivas».
No obstante, cuestionado por el expediente de 2006 -por el que se adquirieron siete obras y se donaban otras 77, la mitad de ellas por fundir a cargo del IVAM- ha asegurado que «se negoció con la directora» junto a la comisión de adquisiciones. El precio de esa compra -2,6 millones- lo puso «el mercado» y está «acreditado» , con un «descuento» del cinco por ciento.
«Fui extremadamente generoso» con el museo, ha dicho, al cifrar en 7,8 millones de euros el total de las creaciones vendidas y donadas. «Si compraron obra por 2,5 millones, más los gastos de fundición, unos tres millones, el IVAM todavía me debe cinco millones», ha calculado. Pese a que algunas de esas piezas ya estaban fundidas, no las entregó hasta 2015 porque la entidad, según su versión, no tenía donde guardarlas y «les venía fenomenal ahorrarse el almacenaje».
La vista se reanudará el lunes con la continuación del interrogatorio a José Luis Rueda, que no responderá a la preguntas de la Abogacía de la Generalitat ni de Acción Cívica, la asociación que ejerce la acusación popular.
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