El Gobierno anticipó el martes 125 millones de euros al Consell para afrontar pagos

La Generalitat Valenciana, incapaz de cumplir su promesa de devolver a los funcionarios la paga extra de diciembre de 2012, ha decidido culpar una vez más al Ministerio de Hacienda , a quien solicitó un anticipo de 150 millones de euros a cuenta del modelo de financiación de 2014 (cuya liquidación se ingresa en julio de este año). Esta misma mañana, mientras el sindicato CSIF exigía a la secretaria de Hacienda, Clara Ferrando , que cumpla su compromiso de abonar la extra en el primer semestre del año, la nacionalista ha vuelto a apuntar al ministro Cristóbal Montoro , a quien no ha dudado en culpar de que los funcionarios de la Generalitat no cobren.

Sin embargo, según ha revelado la Delegación del Gobierno en una nota enviada a los medios, el Consell ingresó el pasado martes un anticipo de 125 millones de euros a cuenta de la liquidación de 2014, concedido «para hacer frente a desfases transitorios de tesorería». De hecho, en lo que va de año el Gobierno valenciano ha dispuesto ya de 673 millones de euros en anticipios, en cinco remesas, para cubrir desfases de tesorería entre febrero y mayo. De esta manera, la Generalitat ha recibido ya antes de julio el 43% de la liquidación de 2014 , que se eleva a 1.245 millones de euros.

La negativa de Hacienda a que dichos anticipios se destinen a financiar la devolución de la extra de 2012 obedece a que este mecanismo está diseñado para cubrir desfases transitorios de tesorería provovados por la diferencia de vencimientos de los pagos e ingresos. Sin embargo, las nóminas de los funcionarios autonómicos no se pueden considerar un gasto coyuntural, como el vencimiento de un plazo, sino estructural. Es decir, no se pueden financiar con anticipos.

Como ha develado ABC este jueves, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pretende firmar un «acuerdo de legislatura» con los sindicatos representados en la mesa general de negociación, justo antes del arranque de la campaña electoral del 26-J, con un documento en el que no se concreta ni económica ni temporalmente ninguna medida , más allá del compromiso de mejorar las condiciones de los empleados públicos cuando la situación lo permita.