Puig busca la foto de la «paz social» con los sindicatos antes del 26-J sin devolverles la extra

«Esto es un pacto político, y hay que firmarlo. Y hay que firmarlo antes de las elecciones ». Las palabras, de un representante sindical al resto de compañeros de otros sindicatos en la mesa de negociación con el Consell, resumen la estrategia del Gobierno valenciano que preside Ximo Puig de cara a sellar una «paz social» preelectoral con los sindicatos.

El Consell busca una especie de «acuerdo de legislatura» con las principales centrales sindicales: UGT, CC.OO., Intersindical y CSIF , presentes en la mesa general de negociación autonómica. Un pacto que, sin concretar plazos ni cantidades para las mejoras en las condiciones de los empleados públicos (o, en la dialéctica de la izquierda, revertir los recortes aplicados durante la crisis por el Consell del PP), garantice a Puig la foto con todos los sindicatos mayoritarios respaldando las políticas del Pacto del Botánico. La idea es aprobar ese documento en la próxima junta de portavoces y luego llevarlo a la mesa general de negociación para firmarlo.

El principal motivo de conflicto es que el Consell no sabe cuándo podrá, o si podrá siquiera , devolver la paga extra de 2012 que ya han recuperado los funcionarios de los ayuntamientos de la Comunidad, al igual que los estatales. Los empleados de la Generalitat, en cambio, siguen esperando . La promesa era reintegrarla en el primer semestre del año, a punto de expirar, y el Consell admite que no puede cumplir el compromiso sin una inyección extra del Ministerio de Hacienda, que la niega porque las nóminas son un gasto estructural y debían estar contempladas en el presupuesto autonómico.

Así las cosas, el acuerdo que ofrece el Consell a los sindicatos es, en esencia, una relación de buenas intenciones sin concreción alguna . Ni devolución de la extra, ni recuperación de días, ni mejoras salariales o de las condiciones de los funcionarios se explicitan de forma alguna. A lo sumo, se ofrece a abordar todas estas cuestiones lo antes posible y siempre que la situación económica (y de tesorería) lo permita .

A la vista de lo poco que ofrece el Consell, cabría esperar que los sindicatos, muy críticos con la política económica restrictiva (y que además afecta directamente a los funcionarios) de los últimos años se cerrasen en banda. Pero, sin embargo, UGT e Intersindical defienden que se apoye ese pacto de «buenas intenciones» . CC.OO., más reivindicativa, se inclina también por hacerlo. Con la boca pequeña, admiten que se trata de papel mojado, pero en la terminología tan en boga en el Gobierno valenciano de PSPV y Compromís, se defiende el carácter «político» del documento . La misma terminología, por cierto, que se empleó para presupuestar 1.325 millones de euros ficticios que permitieran cuadrar el presupuesto de 2016, a sabiendas de que Hacienda no los iba a enviar. Con tal de «reivindicar políticamente» la infrafinanciación, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, obvió que con esos 1.325 millones hay facturas que pagar.

Con UGT e Intersindical de cara, y Comisiones Obreras inclinándose también a apoyar ese protocolo de buenas intenciones, el único sindicato «rebelde» de la mesa es el CSIF , cuyo presidente, Daniel Matoses, se niega a ser instrumentalizado por el Consell para buscar una foto antes de los comicios . De hecho, este mismo jueves el CSIF se ha vuelto a concentrar ante la Conselleria de Hacienda para hacer notar que los «recortes» que se criticaban desde la oposición aún no han sido revertidos.