Política
Génova ya da por sentado que el Supremo imputará a Rita Barberá
El Comité de Derechos y Garantías espera la decisión del Alto Tribunal para avanzar con el expediente
La exalcaldesa de Valencia y hoy senadora territorial del PP, Rita Barberá, «aún» no está imputada , pero en Génova son pocos o ninguno los que no dan ya por sentado que ese momento llegará inevitablemente a medio plazo. Probablemente, los tiempos judiciales provoquen que la imagen de Barberá llegando a declarar como investigada al Tribunal Supremo no se produzca antes de la nueva cita electoral , si es que finalmente se convocan nuevas elecciones. Pero el PP asume ya que uno de sus rostros más reconocibles de la política municipal de las dos últimas décadas terminará ante el juez .
De hecho, el Comité de Derechos y Garantías del PP ha decidido acompasar la instrucción del expediente informativo abierto a la exalcaldesa a los tiempos judiciales. Así, el diputado Francisco Molinero , instructor de los expedientes a los investigados por el presunto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, ha comenzado a tomar declaración a los concejales y asesores imputados en la causa, pero deja la citación a Barberá para el final . La intención es llamar a la alcaldesa cuando su situación procesal cambie, si es que cambia.
Así, no hay fecha para que Barberá preste declaración ante el Comité de Derechos y Garantías, que abrió a mediados de marzo un expediente informativo a los afiliados investigados en la Operación Taula. En Génova siguen con la instrucción de esa investigación interna , pero a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre el futuro de la exregidora, según un teletipo difundido este domingo por la agencia Europa Press.
Preocupación por el auto del juez
En las filas del PP no ocultan su preocupación ante el hecho de que el titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia haya enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo con la parte que afecta a Barberá. Sería toda una sorpresa que el Supremo ignorase el relato de los hechos remitido por el instructor de la causa y decidiese no investigar a Barberá, cuando nueve de los diez concejales del grupo municipal, que iban en la lista que lideraba la exalcaldesa, están ahora mismo imputados por blanqueo de capitales y delito electoral.
Con todo, en la dirección nacional del PP se aferran a que Barberá «todavía no está imputada» . Hace tres semanas, el Comité de Garantías ya acordó suspender cautelarmente de militancia, a petición propia, a los asesores y a los nueve concejales del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia investigados en esta misma causa, que quedaron adscritos al grupo como independientes.
Si bien no hay aún fecha para que Barberá declare ante el instructor del expediente disciplinario, Molinero ya ha comenzado a tomar declaración a algunos de los investigados por el juez (un total de 48 personas, además del PP, imputado como persona jurídica). Hasta el momento solo ha interrogado a concejales afectados en este caso y tiene pendiente citar a Barberá. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal , ya insinuó esta semana que el PP está acompasando su expediente a la investigación judicial. «Vamos a continuar con nuestros expedientes disciplinarios y estaremos atentos a las investigaciones judiciales en curso», señaló.
Senadora aun con nuevas elecciones
Mientras tanto, Rita Barberá mantiene su escaño como senadora autonómica por la Comunidad Valenciana, aunque buena parte de sus compañeros han defendido en público y en privado que ya debería haber dimitido. La senadora tiene una nueva cita con la Cámara Alta el martes, con el último Pleno previsto de la legislatura. Barberá seguirá siendo senadora aunque se disuelvan las cámaras para convocar nuevas elecciones, dado que lo es por designación de las Cortes Valencianas, y el cargo tiene la misma duración que la legislatura autonómica.
El Tribunal Supremo va a recibir dos causas de sendos juzgados valencianos que afectan a Barberá: su posible relación con el caso Taula y el presunto incumplimiento de la Ley de Memoria en cuanto a la retirada de símbolos franquistas en la ciudad de Valencia.
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