Covid-19
La Generalitat Valenciana niega la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a los cargos que se colaron
La Conselleria de Sanidad solicita un informe no vinculante a los expertos para dilucidar cada caso individualmente
El primer mes de vacunación se salda con 9.368 personas inmunizadas en la Comunidad Valenciana
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La Generalitat no culminará el proceso de inmunización de las personas vacunadas contra el coronavirus irregularmente en la Comunidad Valenciana, puesto que no pertenecían a ninguno de los grupos contemplados en la primera fase del plan estatal.
La consellera de Sanidad, Ana Barceló ha cursado una instrucción a la Dirección General de Salut Pública, para que adopte las medidas necesarias y dicte las instrucciones pertinentes para que no se les administre, por el momento, la segunda dosis de Pfizer .
Paralelamente, la titular de Sanidad ha solicitado al Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana un informe sobre la procedencia o no de completar ahora el proceso de vacunación de las personas afectadas. La decisión definitiva se tomará después de conocer los planteamientos de dicho comité, aunque sus informes no son vinculantes .
Cerca de 200 personas , entre alcaldes, concejales, diputados provinciales y empleados públicos, han recibido la primera dosis de la vacuna en la región de forma indebida, según el presidente autonómico, Ximo Puig. Al parecer, muchos de ellos se concentran en el departamento de salud de Torrevieja. Puig se mostró reacio a que se les administrara la segunda inyección y así lo ordenó al departamento que dirige Barceló.
No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se mostraba contrario a esta tesis y pedía que se completara el proceso para no caer en un «segundo error».
De momento, los alcaldes vacunados irregularmente se han aferrado a sus cargos, aunque los tres del PSPV-PSOE - primeros ediles de El Verger, Els Poblets y Rafelbunyol - han sido suspendidos de militancia, mientras el munícipe de La Nucía (PP) ha sido apartado de sus competencias en la Diputación de Alicante. Por contra, el fiscal jefe de Castellón y la concejal de Bienestar Social de Denia sí han dimitido .
Sobre este asunto, PP y Ciudadanos han pedido que se abra una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para dilucidar lo ocurrido y depurar responsabilidades.
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