Política
La Generalitat defiende su modelo de becas y niega condiciones precarias tras la denuncia sindical
El Gobierno valenciano mantendrá el sistema calificado como «fraude de ley» por Trabajo, al menos hasta que se resuelva su recurso
El Consell sigue convocando las becas que Trabajo calificó de «fraude» con dos millones de deuda
La Generalitat Valenciana defiende sus becas de formación para jóvenes «como una buena fórmula de acceso al mercado laboral» y lamenta la interpretación que se está haciendo de un sistema con condiciones que Comisiones Obreras (CCOO) ha calificado este jueves de «aberrantes» .
La secretaria autonómica de Comunicación, Blanca Marín, ha explicado a ABC que el Gobierno valenciano no comparte los criterios de la Inspección de Trabajo , que a finales del año pasado calificó estas convocatorias como «fraude de ley» , al entender que los becarios asumían las funciones de un trabajador normal. Irregularidades que, según avanzaba el sindicato, habrían supuesto un agujero de 1,8 millones de euros a las arcas públicas por las cotizaciones a la Seguridad Social.
La Generalitat realizó sus alegaciones en el contencioso-administrativo por no compartir la resolución adoptada por los inspectores que se personaron en el Palau para entrevistarse con las personas becadas en el ámbito del Periodismo y la Comunicación Audiovisual del gabinete de Presidencia.
«Mientras no se resuelva el recurso», ha asegurado Marín, los distintos departamentos de la Administración pública seguirán utilizando esta «herramienta» , que para el Gobierno autonómico es «correcta». Una postura que contradice a la anunciada por el presidente Ximo Puig cuando se conoció la noticia. El jefe del Consell aseguró entonces que su gabinete dejaría de contar con becarios y becarias este año .
De hecho, CCOO ha denunciado que desde octubre distintos departamentos han convocado y adjudicado hasta 88 nuevos procesos con condiciones similares como las que Trabajo definió como irregulares.
Desde el ejecutivo no entienden la postura del sindicato y aluden a los cauces existentes -las mesas de diálogo social- para tratar estas cuestiones. Asimismo, Marín ha negado que exista «precariedad» y ha lamentado que esta ayudas se interpreten como un trabajo cuando, en realidad, la labor de los becarios «se enmarca dentro de actividades planificadas y supervisadas » por funcionarios.
Se trata de unas becas de alrededor de mil euros al mes por 30 horas semanales que se adjudican desde hace dos décadas y cuyas bases se adaptaron, según la secretaria autonómica, en la anterior legislatura para someterlas a proceso de acceso objetivo y transparente. Marín ha zanjado el asunto defendiendo que hasta ahora no se había producido ningún tipo de queja por parte de las personas beneficiarias de las mismas.
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