OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN VALENCIA
Una consultora cifra en cien millones de euros el fraude de la «organización criminal» de Valencia
Una auditoría encargada por la Diputación alerta de amaños masivos en contratos públicos
La trama de corrupción por parte de una «organización criminal» que operaba en las Administraciones valencianas pudo haber cometido un fraude superior a los cien millones de euros. La causa, que permanece secreta investiga los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Según fuentes conocedoras del caso consultadas por este diario, se investiga una «organización criminal» y «negociaciones prohibidas entre funcionarios» .
Conforme avanzó ayer ABC , la causa indaga amaños en contratos de obras públicas y blanqueo de capitales durante los últimos quince años . Aunque los investigadores no han concretado todavía el posible monto defraudado una auditoría encargada a la consultora consultora Grant Thornton por el actual presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, en la empresa pública Imelsa (que dio origen al caso) revela que la trama habría podido defraudar al menos cien millones de euros, según avanzó ayer «El Confidencial» y confirmaron fuentes de la Diputación de Valencia.
De acuerdo con la Corporación que preside en la actualidad el socialista Jorge Rodríguez, esa investigación interna ha permitido ampliar las pesquisas judiciales y acelerar el proceso de esclarecimiento de los hechos.
Contratos amañados
Entre los contratos amañados figuran desde la construcción de equipamientos deportivos o educativos a través de mercantiles públicas hasta carreteras. En este sentido, entre los detenidos figuran dos arquitectos y empresarios locales como el presidente de Cleop, Carlos Turró , una firma cotizada en Bolsa que durante años prestó el servicio de la grúa en Valencia, o Javier Luján , presidente de la patronal de la obra pública hasta el año 2011. El presidente de Engloba, José Alfonso Vedri , también figura entre los apresados. En su caso se investiga la relación con las obras de un recinto cultural en Valencia bajo el mandato de la exconcejal también imputada en el caso.
Primeras declaraciones
En este contexto, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ha dejado en libertad provisional a los siete detenidos en el marco de la operación Taula que este miércoles prestaron declaración ante el magistrado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El juez ha impuesto el pago de una fianza para cuatro de ellos para hacer frente a las responsabilidades civiles en el caso de que fuera condenados. Es el caso del ex secretario autonómico de Deportes y ex diputado en las Corts David Serra ; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster; el exgerente de la Fundació Jaume II El Just , Vicente Burgos ; y un empresario y ex suegro del ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent , también investigado en la causa.
En el caso de María del Carmen García Fuster , el magistrado ha decretado su puesta en libertad bajo fianza en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión.
Los otros tres arrestados en el marco de esta operación que este miércoles han prestado declaración ante el juez han sido un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia, personal de confianza del Grupo Popular, y dos arquitectos.
El juez mantiene para todos ellos la condición de investigados --nueva denominación para los imputados-- para todos ellos por en una causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Este martes, el juez ya dejó en libertad bajo fianza de 150.000 euros a la exconcejal Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón y le impuso el embargo de sus bienes como medida cautelar.
Tras un receso, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha comenzado a tomar declaración a otros seis arrestados en la causa. Se trata de seis empresarios , uno de ellos, de Castellón.
En total, hay 29 investigados en esta causa contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
Entre ellos figura el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla .
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