OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN
¿Qué falla en la detección de tramas como la de Imelsa?
Un experto en Administración Local analiza la falta de efecto de los mecanismos de control interno
Los políticos del PP y los empresarios detenidos e investigados dentro de la macrooperación contra la corrupción que se desarrolla en Valencia tenían como campo de actuación la Administración Pública (sobre todo la Diputación). Todas las denuncias y posteriores investigaciones se llevan a cabo una vez cometidas las irregularidades, por lo que la pregunta que surge en muchas ocasiones es: ¿Por qué no se vio antes? ¿En qué falla la detección?
El caso que ahora se encuentra sobre la mesa, Imelsa, consistía en el supuesto amaño de contratos públicos para que los integrantes de la presunta trama se llevasen «mordidas» . El cobro de comisiones se produce al margen del funcionamiento de la propia Administración, por lo que resulta «muy complicado» descubrirlo, admite el presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), Javier Biosca.
Pero la prevención sí puede estar en la tramitación administrativa en las distintas fases de los procedimientos de contratación (informes de necesidad, redacción de pliegos y proyectos, informes sobre las ofertas presentadas...). La clave está, en su opinión, en que sean elaborados por funcionarios de carrera e independientes . «Si no es así en toda la primera fase, luego es difícil que el órgano de control averigüe alguna anomalía, porque un papel puede ser correcto formalmente», explica.
De hecho, suele ser recurrente en estos casos la elaboración de informes externos, que no siempre están justificados. «Funcionamos en una Administración en la que vemos normales cosas que no lo son. Existe un porcentaje elevadísimo de personal interino que en ocasiones no cumple con los criterios de calidad que se tendrían que exigir en los procesos de selección», comenta. Y, además, en el caso de presiones, como podría ocurrir en esta clase de tramas, la posición es «más débil» , en opinión de Biosca, en este tipo de trabajadores respecto a los funcionarios de carrera .
El presidente de Cosital también hace especial hincapié en el sistema de control . «Es muy formal, está hecho para personas que cumplían las normas, pero no para la situación actual. El incumplidor tiene una sensación de impunidad porque el ilícito administrativo no trae consecuencias patrimoniales », apunta. De hecho, se remiten a la Sindicatura de Cuentas multitud de informes de reparo por los interventores, pero no tienen efectos».
Normativa insuficiente
La normativa actual se queda corta. Permite el ejercicio del control previo a los acuerdos o resoluciones de un expediente de contratación, pero se limita a comprobar que existe crédito y que se ejecute por el órgano competente. Cumplido esto, puede haber defectos graves de procedimiento pero, como destaca Biosca, «no tiene efectos suspensivos» .
En Imelsa, por ejemplo, no existe siquiera esa vigilancia previo al tratarse de una sociedad mercatil , que está sujeta al control financiero por parte del interventor de la Diputación. En este organismo y en el Ayuntamiento de Valencia, « si lo que ocurre es que políticos han podido influenciar en técnicos , un interventor tampoco lo puede ver», lamenta el presidente de Cosital. Por este motivo, destaca la importancia de funcionarios independientes, para «reducir el margen de influencia» . El control posterior tampoco es efectivo, según remarca, por la falta de medios en los consistorios para su elaboración .
El desarrollo de un reglamento para el ejercicio del control interno de la Administración Local es, precisamente, una de las reivindicaciones de Cosital tras 25 años sin que se haya desarrollado esta materia en España. Sí existe un borrador dictaminado, pero todavía no se ha aprobado.
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