Tribunales
La Fiscalía cuestiona la actuación de la Generalitat en la causa contra el exmarido de Oltra por abusos a una menor
El juicio ha quedado de nuevo visto para sentencia tras repetirse para analizar unos informes de la Conselleria de Igualdad que fueron omitidos
El exmarido de Mónica Oltra vuelve a negar los abusos a una menor tutelada en la repetición del juicio
La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha dejado vista para sentencia este lunes la repetición del juicio contra Luis R., un educador del Centro de Acogida Niño Jesús de Valencia -exmarido de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra- acusado de abusar sexualmente de una menor de edad que estaba bajo la tutela de la Generalitat.
La fiscal añadió a sus conclusiones la agravante de superioridad -del educador sobre la niña-, algo que obligó a suspender la vista ante la protesta de la defensa, que no pudo rebatir este punto durante la sesión anterior. Los letrados del acusado piden la absolución o, en cualquier caso, la pena mínima para su representado con las atenuantes de reparación del daño –tras indemnizar a la víctima con 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil- y la de dilaciones indebidas. También han solicitado que se tenga en cuenta que la menor no tiene lesiones psíquicas y que no se conoce cuántas veces se produjeron los supuestos hechos. Por su parte, el Ministerio Público mantiene su petición de cinco años de cárcel .
Precisamente, el procesado fue condenado a esta misma pena de prisión por estos hechos, pero el tribunal anuló la sentencia y ordenó repetir el proceso meses más tarde. La defensa recurrió el fallo al haberse obviado durante el mismo dos informes que exculpaban al acusado y ponían en duda la versión de la víctima , en la que se sustentaba la sentencia.
Se trataba de un estudio psicológico de la menor realizado por el Instituto Espill, centro al que Igualdad encarga la evaluación de los casos de abusos, y otro expediente elaborado por la Dirección Territorial de la conselleria que dirige Oltra basado en parte en el primer documento.
No obstante, la Conselleria pidió ese informe en noviembre de 2017 excediéndose de sus competencias, puesto que el juez de instrucción ya había dictado un auto para investigar penalmente los hechos dos meses antes. Documentos que quedaron olvidados en un cajón y que nunca fueron incluidos en el sumario, por lo que la defensa no pudo utilizarlos. De hecho, cuando Igualdad descubrió los mismos ya era tarde y los remitió a la Fiscalía de Menores -tras revisar el caso ante la presión mediática- dos años después de haberse redactado. Una revisión «anómala» y «extratemporal» para «alterar» un juicio que ya se había realizado, según la fiscal.
Por ello, ha puesto en entredicho la actuación de la Conselleria, a cuyos técnicos se pidió que trasladaran todos los informes hasta en dos ocasiones tras tener conocimiento de la denuncia de la menor ante dos agentes de la Policía Nacional que acudieron al centro por otro motivo. De hecho, según su criterio, la Generalitat debería haber sido parte en la causa y ha pedido al tribunal que incluya en su fallo la posibilidad de que la menor pueda reclamar una indemnización a la Administración pública valenciana.
Un informe «incongruente»
Según la fiscal, el informe de Espill es «incongruente porque declara que la menor no es creíble pero en cambio dice que es necesaria la atención psicológica» y «tendencioso» porque «tiende a desacreditar a la menor», presentándola como «desafiante» y «dominante», sin utilizar ninguna metodología . Una situación similar a la del otro expediente de Igualdad, que considera «sesgado» e «incompleto» porque no incorpora las actas de las declaraciones de la joven.
La Fiscalía entiende que «hay relato» porque la víctima ha precisado «cuándo y dónde» ocurrían los hechos, aunque creía que «nadie la iba a creer», y ha manifestado un «sentimiento de vergüenza y asco» hacia los mismos, pese a que se le ha intentado «desprestigiar» diciendo que tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y alegando que su única motivación era trasladarse a otra residencia o a casa de sus suegros.
Los hechos se produjeron supuestamente entre finales de 2016 y principios 2017. El educador se ocupaba del turno de noche en este centro de menores de la capital del Turia y mantenía una relación estrecha con la chica, que entonces tenía quince años. Según el relato de la menor -que se dio por bueno en el primer fallo- y el de la Fiscalía, el acusado acudía a la habitación individual en la que la niña dormía cuando estaba castigada por mal comportamiento, donde le realizaba masajes consentidos en el cuello y la espalda para que se relajara. Pero una vez que creía que la menor estaba dormida -fingía dormir por vergüenza-, cogía su mano y se masturbaba con ella .
Una situación que se repitió entre dos y diez veces, y que la niña no quiso denunciar al pensar que nadie iba a creerla al tratarse de alguien relacionado con un alto cargo del Gobierno valenciano, aunque desde el entorno de la dirigente de Compromís se reiteró que ella y el acusado ya no mantenían ninguna relación sentimental en ese momento.
La representante del Ministerio Público ha denunciado este lunes que el presunto agresor y la víctima han recibido un trato «diferente» durante todo el proceso , con una actitud «hostil» hacia la misma, pues se impuso una orden de alejamiento pero es a la chica a la que se traslada de centro, con lo que «se le castiga por haber denunciado los hechos».
«De golpe me encuentro en esta pesadilla»
El acusado reconoció hace dos semanas que le hizo masajes en la cabeza a la chica para que conciliara el sueño cuando dormía sola, pero negó los supuestos abusos. En su derecho a la última palabra, ha reiterado su inocencia y ha calificado este escenario de «muy duro» para él y para su familia .
El presunto autor de los hechos ha relatado cómo explicó a sus dos hijos lo ocurrido para que comprendieran que la menor «es una víctima de todo lo que le pasa, pero no es mi víctima». «De golpe me encuentro en esta pesadilla. Cualquiera entra en internet y piensa que soy el malo», ha apuntado.
«Ella ha soñado siempre con tener una familia» y ha pasado por muchas dificultades, pero «no soy culpable de eso» . «Estos niños son muy difíciles», aunque no tienen «maldad», sí pueden «mentir» para conseguir lo que quieren, ha defendido.
«No quiero culpabilizarla, pero quiero que se cuente la verdad. Yo no he sido», ha sostenido, al tiempo que reivindicaba su condena como un «mal mensaje» porque, a su juicio, emplaza a otros menores que viven en centros a realizar denuncias falsas, algo que según él ha llevado a renunciar ya a varios compañeros.
«Nueve versiones en once declaraciones»
En esta ocasión, el tribunal, con la misma composición que en la vista celebrada en noviembre de 2019, no ha considerado necesario contar de nuevo con la declaración de la víctima, tal y como había propuesto la defensa. De hecho, la abogada del acusado ha vuelto a poner el foco en la «falta de imparcialidad» de la Sala , pues considera que debería haberse apartado tras la primera sentencia condenatoria, en la que ya se ponía de manifiesto que podría tenerse en cuenta la agravante de prevalimiento. Por tanto, ha señalado, se va a fallar sobre algo «ya acordado» y que no ha podido ser rebatido al no aceptar el tribunal las pruebas para «desvirtuar» este punto.
Según la defensa, la menor ha dado «nueve versiones distintas en once declaraciones» y carece de «credibilidad» porque su único propósito era irse del centro , mientras el acusado -al que «todo el mundo acusa de abusar de una niña»- «ha dedicado toda su vida a la ayuda a los demás».
En ese sentido, la letrada ha sostenido que había multitud de pruebas que la defensa consideraba necesarias y que no se han admitido pese que el TSJ lo amparaba, algo que ha provocado «indefensión» en el acusado. Entre ellas, un informe psicológico que determinara si se puede someter a la menor a otra declaración , puesto que todas las pruebas se sustentan en su relato.
La abogada ha asegurado que los expedientes aportados contribuyen a restar más credibilidad a la víctima, puesto que se ha podido comprobar su carácter sin juzgarla. «Es una menor maltratada por la vida, institucionalizada, a la que toda su familia ha dado la espalda y que ha sufrido muchísimo». Pero eso, «no es achacable» al acusado y, sin embargo, «se le ha creído ciegamente». «¿No tienen ni siquiera una duda?», se ha preguntado.
De nuevo, visto para sentencia
En la sesión anterior , la forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia que exploró a la menor –y dio por bueno su relato- cuestionó los métodos que se utilizaron para elaborar el informe psicosocial del Instituto Espill, cuya autora determinó que el testimonio de la chica era poco creíble porque estaba lleno de contradicciones. Por otro lado, la psicóloga del centro de menores señaló en su comparecencia que quizás la chica quiso copiar la estrategia de otra compañera que había sido trasladada a otra residencia tras denunciar una agresión similar que después admitió que se había inventado.
Entre los testigos que comparecieron en 2019 se encontraba el novio de la menor, a quien esta confesó lo ocurrido y cuya madre obligó a la chica a ir a la Policía para denunciar los hechos. También testificaron la directora del centro de menores y la psicóloga de la Sección del Menor de la Dirección Territorial de Igualdad que se entrevistó con la menor, a la que ni siquiera preguntaron por los abusos pese a tener conocimiento de que éstos se podían estar produciendo y no dieron cuenta a la Fiscalía de Menores de los mismos.
Después de esa primera sentencia anulada, el educador fue apartado de sus funciones , ya que hasta entonces, según explicó la propia Mónica Oltra, su departamento no tenía capacidad para evitar que siguiera trabajando en el centro, aunque la menor si fue trasladada. Tras hora y media de sesión, el caso ha quedado de nuevo visto para sentencia.
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