Tribunales
Facturas de gasóleo B y de la perfumería de una cuñada de Ximo Puig para justificar subvenciones al valenciano
La Policía Judicial constata gastos no subvencionables en el dinero público concedido a las productoras del hermano del presidente de la Generalitat
Detectan cuatro tipos de irregularidades en las subvenciones al hermano de Ximo Puig
La Guardia Civil constata que el hermano de Puig usó una subvención de la Generalitat para contratar al hijo del presidente
Facturas de gasóleo B, gastos de una perfumería, folletos publicitarios, sacos de pellets para calefacción o servicios de asesoría. Son algunos de los gastos que las productoras administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, justificaron para obtener dinero público para el fomento del valenciano y el catalán en los medios de comunicación.
Así lo revela un informe de la Guardia Civil de 388 páginas encargado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en el marco de la investigación que sigue por el presunto fraude de subvenciones, malversación y prevaricación en las ayudas concedidas entre 2015 y 2018 por la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya.
Como publicó ABC, el documento del Equipo de Delitos Económicos de la Policía Judicial señala cuatro tipos de irregularidades en la justificación de gastos de las ayudas que recibieron las productoras Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions -administradas por Francis Puig, que declarará como imputado el 23 de mayo- y Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol, de los hermanos Adell Bover -uno de ellos, Enrique Adell Bover, también comparecerá ante el juez dos días después-.
Las cuantías obtenidas se encuentran, según la Fiscalía, «en el límite entre el delito y la infracción administrativa» que la ley marca en 120.000 euros por cada año natural y la misma actividad , por lo que la causa está pendiente de las auditorías que presenten ambas administraciones para «determinar qué cantidades han sido indebidamente obtenidas».
El escrito de la Benemérita señala la existencia de facturas que se presentan un año y al siguiente o la imputación de los mismos gastos -al 100%- a las ayudas de la Conselleria de Educación valenciana y de la de Presidencia catalana, obteniendo así una doble subvención . Aunque eran compatibles, lo correcto habría sido repartir entre ambas el porcentaje de gasto imputado.
Además, se constatan gastos sin relación con labores de producción y distribución de programas. Por ejemplo, para justificar la subvención en 2016, Mas Mut Produccions utilizó una factura de gasoléo B, por valor de 10,11 euros, pese a que este combustible está reservado a maquinaria agrícola . «No parece que la actividad de la mercatil investigada corresponda al uso de este tipo de gasoil y menos que se pueda incluir como gasto justificable», indica la Policía Judicial.
Del mismo modo, se hace referencia al abono de 102 euros de la misma productora a Jorge Puig, otro hermano del presidente, en concepto de alquiler de la sede social de la empresa en la localidad de Peñarroya de Tastavins, en Teruel. Exactamente, la dirección corresponde a «un almacén y una huerta» . También se justifica el pago con un arrendamiento de una nave agrícola del padre de los hermanos Puig en Morella o con facturas de un establecimiento de perfumes de la pareja de uno de ellos, «que obviamente no tienen relación con la producción ni directa ni indirecta de los programas», recalca el informe.
En uno de sus escritos dirigido al titular de Instrucción número 4, el fiscal pone el foco en la supuesta existencia de facturas cuyo pago «no consta en los asientos bancarios aportados por las entidades financieras» y que habrían sido confeccionadas exclusivamente para justificar las ayudas , lo que supondría un delito de falsedad documental.
El trabajo realizado por los investigadores del Equipo de Delitos Económicos de la Benemérita incluye algunos ejemplos, como los cuatro recibidos de 2014 bajo el concepto «Trabajos audiovisuales» -que no se detallan- que Mas Mut presentó por más de 22.000 euros u otros tres del mismo año en los que tampoco consta el método de pago pese a que se hace alusión a un «cheque nominal o transferencia». Tampoco existe transferencia de dos facturas de 2017, que suman 9.156 euros, por «Servicios de contenidos para Canal Maestrat», otra de las mercantiles investigadas, propiedad de los Adell Bover.
La causa parte de una denuncia del PP, que ejerce la acusación particular, y también mantiene como imputado al director de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano. Al respecto, el presidente Ximo Puig ha reiterado este jueves durante la sesión de control al Consell en las Cortes Valencianas que «en el momento en el que sea oportuno, no habrá ningún problema en que la Generalitat se persone» como parte afectada.
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