Operación Taula
Los ediles basarán su defensa en una «venganza» política
Apuntarán a un complot en el escrito para solicitar el sobreseimiento
Mientras las consecuencias políticas centran las decisiones en el seno del PP , la vía judicial en el caso del supuesto blanqueo de capitales en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia sigue su camino.
A partir de la próxima semana, los abogados de los ediles y asesores investigados presentarán un escrito ante el juzgado para pedir el sobreseimiento de la causa al considerar que no existen pruebas suficientes que demuestren su participación en los hechos y que todo se trata de una maniobra para inculparles.
El concejal Alfonso Novo, que el pasado martes volvió a ejercer de portavoz, ya dejó entrever la versión de su grupo una vez levantado el secreto de sumario. En él se incluyen conversaciones telefónicas que, teóricamente, demostrarían el delito de blanqueo , como la de la exedil de Cultura María José Alcón con su hijo , en la que afirmaba que había «corrupción política total» y « mucho dinero negro de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones...». Además, admitía que los 1.000 euros los había recibido de Mari Carmen García-Fuster, secretaria del PP municipal, y que ella lo había devuelto «con una transferencia bancaria y se blanquea».
Novo descalificó estas conversaciones -mientras el resto de sus compañeros asentían- recordando que justamente Alcón es quien está siendo investigada «por actuaciones que parecen claramente ilícitas», en referencia la pieza principal del caso Imelsa , que investiga el supuesto amaño de contratos en administraciones públicas de la Comunidad Valenciana.
En el mismo saco meten al que fuera vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau -esposo de Alcón y procesado en el caso Nóos- y a sus asesores, sobre todo a Jesús Gordillo .
La enemistad del matrimonio con la exalcaldesa Rita Barberá viene desde antes de las elecciones. Alcón aparecía en las grabaciones con el «yonki» del dinero Marcos Benavent contando billetes de supuestas comisiones y el PP quiso forzar su dimisión , además de no incluirle en puestos altos de la lista electoral para las pasadas municipales (ocupó el 16 cuando la previsión eran 13 concejales).
A Grau -que tuvo que dimitir por su procesamiento en Nóos en marzo del año pasado- no le sentó nada bien la decisión y se enfrentó a Barberá por esta cuestión , a quien, según consta en el sumario, le llegó a decir que «en esta familia el cupo de castigar a inocentes para salvar a responsables te lo hemos cubierto» .
Enemistades
Alfonso Novo también puso en cuarentena las declaraciones inculpatorias de cuatro asesores (Patricia Iserte, Arantxa Martín, Jesús Gordillo y Nuria Diego) que se negaron a ingresar los mil euros para posteriormente recuperarlos en metálico. Todos ellos estuvieron trabajando al servicio de Grau -y, como consecuencia, no renovarían en las siguientes elecciones-, por lo que entienden que se encuentran dentro de la «confabulación» y por ello son los que aportaron más detalles del presunto blanqueo durante sus declaraciones ante el juez.
Es decir, los ediles sostienen cada vez de forma más evidente que todo se trata de una especie de montaje como venganza política por no poder continuar en el Ayuntamiento y así parece que se lo harán saber al juez en los escritos que presenten próximamente, según fuentes cercanas al proceso.
«Es la palabra de cuatro o cinco testigos frente a 49 personas que siguen siendo investigadas», dijo Novo el martes, advirtiendo que se reservan el derecho de emprender acciones judiciales por falsas acusaciones.
Confían también en que esta cuestión tenga poco recorrido al no haber ordenado el magistrado practicar nuevas diligencias y calculan que antes del verano recibirán una respuesta . Los tiempos podrán variar en función de las declaraciones de cuatro investigados el próximo 8 de abril.
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