Tribunales
El TSJ da dos días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la imputación de Mónica Oltra
Las partes personadas en la causa que investiga la gestión de los abusos del exmarido de la vicepresidenta pueden generar alegaciones como paso previo a la decisión del alto tribunal
Las incógnitas sobre el futuro judicial de Mónica Oltra siguen su camino para despejarse en las próximas semanas. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado dos días de plazo a la Fiscalía y al resto de las partes personadas en la causa que investiga la gestión que la Generalitat hizo sobre los abusos a una menor tutelada por parte del exmarido de la vicepresidenta autonómica, para que formulen alegaciones sobre la competencia de la Sala de lo Civil y lo Penal a la hora de decidir sobre la imputación de la dirigente de Compromís.
En una diligencia notificada este martes, contra la que se puede interponer recurso de reposición en el plazo de tres días, el letrado de la administración de justicia señala que «transcurrido un plazo prudencial para el examen de las actuaciones remitidas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia» -en una extensa exposición razonada- «se acuerda dar audiencia» tanto al Ministerio Público como a la acusación particular -la víctima, representada por el líder de España 2000, José Luis Roberto-, la popular -la asociación de Cristina Seguí y Vox- y la defensa de los trece investigados, además de los abogados de la también consellera de Igualdad y Políticas inclusivas.
Todos ellos deberán pronunciarse, como paso previo, sobre si creen que lo magistrados Pilar de la Oliva -presidenta del TSJ-, Antonio Ferrer y Vicente Torres son competentes para decidir si Oltra, aforada por su condición de diputada autonómica, pasa a formar parte de ese último grupo. Llegado el momento, los jueces deberán dirimir también si asumen toda la causa, abierta por el presunto encubrimiento del educador condenado a cinco años de prisión -a la espera del recurso presentado en el Supremo-, o no.
El titular de Instrucción 15, Vicente Ríos, solicitó al alto tribunal la imputación de la portavoz del Gobierno autonómico al considerar que existen «indicios racionales, serios y fundados» de su participación en el supuesto desamparo a la víctima. Tras ese movimiento, Mónica Oltra se personó como «interesada» y contrató a los penalistas Daniel Sala y Miguel Ferrer para que ejercieran su defensa. En este punto del proceso, Oltra podrá presentar alegaciones a ese duro escrito judicial.
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