Política
Las Cortes rechazan la propuesta del PP para legislar sobre el derecho civil valenciano
El tripartito vota en contra de la PNL en la que se planteaba elaborar una propuesta sobre la competencia legislativa en esta materia, pese a que su enmienda ha sido añadida
Todos los grupos parlamentarios han rechazado este miércoles en las Cortes la propuesta del PP en la que defendía la creación de una ponencia para que en cinco meses elabore una propuesta sobre la competencia legislativa del derecho civil valenciano que posteriormente se remitiera a la Mesa del Congreso .
Esta iniciativa de la diputada María José Ferrer de San-Segundo se producía después de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 5 de mayo en la que anulaba la Ley de Régimen Económico Matrimonial de la Comunidad Valenciana, una de las tres normas que desarrollan el derecho foral de esta autonomía, al estimar que invadía competencias estatales.
En la PNL se recordaba la competencia otorgada por la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 y aprobada por el Parlamento español en la que se declaraba competente a la Generalitat para legislar sobre Derecho civil fora l. Además, remarcan la importancia de la coordinación entre el Gobierno valenciano y la Administración del Estado para que la norma llegue a Madrid consensuada.
También planteaba instar al Consell a convocar la comisión bilateral de cooperación entre el Estado y la Generalitat para abordar este tema y para poder presentar un escrito conjunto al Tribunal Constitucional en el que se solicitara la suspensión de los recursos presentados contra las normas de derecho civil valenciano .
La diputada popular, durante su intervención en el debate, ha indicado que, tras esa sentencia, «hay que resolver el sudoku» y dar «una respuesta firme» más allá de las declaraciones. «Necesitamos menos teatros y más gestión, menos hablar y más trabajar», ha dicho la parlamentaria, que ha incidido en que « el Estado tiene una deuda histórica con la Comunidad Valenciana también en derecho civil».
A su juicio, es «inaplazable» mostrar dentro y fuera de la región que los valencianos están unidos en defensa del derecho foral y ha defendido que lo que plantean es una hoja de ruta «integral, posibilista y ágil».
«Ideología»
El tripartito, sin embargo, ha votado en contra de la propuesta pese a que su enmienda ha sido añadida . El portavoz socialista, Manolo Mata, ha recordado que hay materias como los contratos agrarios sobre los que la Comunidad legisla y no han sido recurridos porque lo ha venido haciendo de manera ininterrumpida desde el siglo XIII, pero hay otras áreas que no tienen «nada que ver» con la costumbre, como la ley de régimen económico matrimonial (que, en su opinión, perjudica a las mujeres), que el PP cambió «para hacer ideología» y no en un guiño a los Fueros, ha señalado.
En este sentido, ha señalado que hasta esta norma «todo el mundo se casaba en gananciales y la gente que tenía mucho dinero en separación de bienes » pero llegó el PP e invirtió la costumbre. «Casi nadie lo cambiaba, la gente se casa por amor», ha incidido, para preguntar a los populares qué es lo que quieren cambiar de forma tan «urgente y perentoria».
La diputada de Compromís Isaura Navarro ha recordado que el PP podía haber retirado los recursos y no lo hizo y ha criticado que es una propuesta «de poco recorrido» porque lo que propone «ya está resuelto en la sentencia» del TC.
Desde Podemos, Fabiola Meco ha comentado que la propuesta del PP es una «locura» que se basa en «coger todos los instrumentos jurídicos en el mercado constitucional para ponerlos al servicio de no se sabe qué». «No es que no creamos en el derecho civil valenciano o no luchemos por el autogobierno, pero no confundimos, defendemos lo que es viable», ha aseverado.
Por último, el parlamentario de Ciudadanos Emigdio Tormo ha lamentado que los populares acudan ahora a hacer «los deberes que no se acabaron» en su día y ha asegurado que no le gustan «los parques que el PP pretende» pidiendo «competencias como limosna» . Por ello, planteaban una enmienda basada en la reforma constitucional para clarificar las competencias del Estado y las comunidades en materia legislativa que también ha sido rechazada por el PP.
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