Caso Imelsa: quince tomos, 4.500 folios y al menos 80 millones de euros en comisiones ilegales

La operación Taula, que se saldó con la detención a finales del pasado mes de enero de veinticuatro personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus, consta ya de quince tomos (4.500 folios) . Un dato que revela la magnitud de la causa que instruye el titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia, que contará con un magistrado de refuerzo . De hecho, se investiga una organización criminal infiltrada en las Administraciones de la Comunidad Valenciana durante quince años.

De acuerdo con la información suministrada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la documentación incautada en los registros está clasificada en diez piezas documentales , integradas, cada una de ellas, por varios tomos.

En el «caso Imelsa», declarado secreto hasta el próximo 14 de marzo , hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

En la pieza separada, con 49 personas imputadas (concejales, exediles, asesores y exasesores), se investigan las donaciones que efectuaron al partido para blanquear dinero.

La causa está bajo secreto de sumario al menos hasta el próximo 14 de marzo. Mientras, el juez continúa tomando declaración a los imputados. Este martes fue el turno de Marcos Benavent , el exgerente de la empresa pública Imelsa que con sus grabaciones destapó la «organización criminal» infiltrada desde hace quince años en las Administraciones valencianas.

Benavent, que llegó a definirse como un «yonki del dinero», sigue imputado tras permanecer dos horas ante el juez.

En su declaración, Benavent confirmó que la trama cobraba comisiones del tres por ciento a las empresas que construían colegios públicos por encargo de la empresa de la Generalitat Ciegsa, que fue dirigida por Máximo Caturla, uno de los detenidos en la operación Taula. El fraude por estas prácticas se elevaría hasta los ochenta millones de euros .