Coronavirus: un abogado se querella contra Puig, Ribó y Calero por permitir el 8M y actos de Fallas

El abogado valenciano Mariano Lorente ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig ; el alcalde de Valencia, Joan Ribó ; el concejal de Cultura Festiva Carlos Galiana ; la delegada del Gobierno, Gloria Calero ; y el subdelegado, José Roberto González .

A todos ellos los acusa de los delitos de prevaricación, lesiones imprudentes y homicidio imprudente por permitir actos masivos durante el mes de marzo pese al riesgo de contagio del coronavirus. Entre ellos, cita los relacionados con el Día de la Mujer, que culminaron en la marcha feminista del 8M, o los eventos falleros: las mascletàs celebradas los primeros días de este mes, la Cabalgata del Ninot, las despertàs, etc.

Además, sostiene que era de igual modo conocido por los representantes políticos el partido que había sido celebrado varias semanas antes (día 19 de febrero de 2020) en la ciudad italiana de Milán, al que asistieron miles de aficionados del Valencia Club de Fútbol «que, por supuesto, regresaron de nuevo a nuestra ciudad sin ningún tipo de medida de control». «Este hecho, teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba Italia a primeros de marzo, suponía un alto riesgo de que Valencia ostentara posibles casos positivos», comenta.

«Mundialmente se estaban llevando a cabo serias advertencias sobre la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas tempranas para frenar la propagación de la pandemia, con objeto de evitar los catastróficos resultados que se producirían si la situación se llegaba a colapsar», expresa el abogado. «A pesar del estado en que nos encontrábamos, a pesar de las advertencias internacionales y europeas y a pesar del precedente de China e Italia, ninguno de nuestros responsables políticos, en el ámbito de sus respectivas competencias, canceló ni uno solo de los actos previstos ni adoptó medida alguna que evitara las aglomeraciones que, evidentemente, suponían un foco masivo de contagio», añade.

En su opinión, con un conocimiento informado y verídico de los hechos, muchos de los asistentes habrían optado por no acudir a estas citas. «Y todo ello, en un momento en el que España se encontraba en el escenario 1, según la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades, que advertía claramente de la importancia del distanciamiento social».

A tenor de lo relatado, señala Lorente, entiende que cuanto menos debe procederse a investigar lo sucedido en torno a los actos mencionados, «que han desencadenado en la enfermedad de muchos ciudadanos valencianos, y en la muerte de otros tantos» .

Los dirigentes denunciados, señala, no tomaron la decisión con eficacia ejecutiva de suspender los actos que ponían en peligro a las personas, cuando se conocía que: la situación y recomendaciones a nivel internacional desaconsejaban por completo las aglomeraciones; se estaba propagando rápidamente el COVID-19; ya existían casos confirmados en España y riesgo de otros posibles casos no confirmados; en cada uno de los actos se esperaba una asistencia multitudinaria; no existían medidas de prevención en ninguno de los actos ni era posible seguir en ellas las recomendaciones preventivas (separación entre personas, evitar el contacto, etc.); y no se podía garantizar la seguridad («no contagio») de la ciudadanía.