Covid-19
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La falta de personal, los diferentes procesos de vacunación y el aumento de la presión asistencial por la elevada transmisión de la variante ómicron del coronavirus han convertido los centros de salud en un polvorín difícil de gestionar con los recursos existentes tras dos años de pandemia.
El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana ya alertaba la semana pasada de que la gestión telemática de las bajas laborales y la realización de test en farmacias apenas había aliviado una situación que ahora la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) califica como «extremadamente grave» al sumarse los «insultos y agresiones» que reciben cada días los sanitarios.
Ante esta escalada de reproches verbales de los usuarios a los profesionales, el sindicato ha reclamado por escrito a la Generalitat Valenciana medidas «urgentes». Entre ellas, la realización de « evaluaciones de riesgos psicosociales por centros y/o servicios». CSIF considera fundamentales estas evaluaciones para conocer la realidad de los centros, tanto en lo que se refiere a falta de personal como a instalaciones obsoletas muy reducidas para el volumen de pacientes.
«Debemos concienciar a los ciudadanos de que el profesional está para ayudarle y cuidarle, pero también hay que cuidar la salud de los trabajadores», subraya Fernando García, presidente de CSIF Sanidad Valencia.
Precisamente, durante la presentación este viernes del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 , la consellera de Sanidad, Ana Barceló se comprometió a crear 1.609 plazas estructurales -CSIF calcula que harían falta unas 4.500- antes de abril.
Barceló reconoció también estos «comportamientos incívicos» aislados, ya que la mayoría de la población actúa «correctamente y comprende la situación que se vive en centros» derivada de la sexta ola de la pandemia.
En ese sentido, señaló que se está en conversaciones con los Ayuntamientos para reforzar la vigilancia policial en los centros de salud en los que se están registrando incidencias. Además, recordó que los profesionales sanitarios cuentan con un protocolo y dispositivos para actuar en el momento en que «se vean amenazados verbal o físicamente».
Pero las quejas por la demora en la atención no son las únicas que soportan estos trabajadores de la sanidad pública. Hace unos días, el Colegio de Enfermería de Valencia denunció los insultos que habían recibido en redes sociales - «Asesinas, inoculáis veneno» - tres enfermeras y una médico a las que un individuo 'antivacunas' había fotografiado durante la inmunización de los menores en un colegio de la localidad valenciana de Xàtiva.
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