CORRUPCIÓN EN VALENCIA
Caso Imelsa: la empresa pagaba a personal que no trabajaba en la firma pública
La Diputación de Valencia remite el convenio de la compañía a la Fiscalía
La empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia y en el epicentro de la trama de corrupción que investigan la UCO y el juzgado de Instrucción 18 de la ciudad del Turia, pagaba el sueldo a varios empleados que en realidad no trabajaban para la empresa , sino en otros departamentos de la institución provincial o, directamente, en labores de asesoría para los partidos políticos con representación en la Corporación. Es una de las derivadas de la trama que investiga ahora la UCO, y por la que están imputados dos cargos del PSOE, uno de Compromís y otro de Izquierda Unida , tal como publicó ayer ABC.
Precisamente ayer el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez (PSOE), aprovechó la controversia para despedir a una veintena de personas -algunas de las cuales llevaban veinte años en la Diputación- que, aunque contratadas por Imelsa, estaban adscritas a otros departamentos. Otros, en cambio, han sido resituados laboralmente en los organismos provinciales para los que realmente trabajaban. Los despidos serán efectivos el lunes, aunque los afectados no están bajo sospecha, según fuentes consultadas por ABC.
Al respecto, la Diputación de Valencia considera que el actual convenio colectivo de la empresa Imelsa , investigada por un presunto cobro de comisiones, es ilegal y lo ha remitido a la Fiscalía para que tome las medidas oportunas de cara a restablecer la legalidad y exigir posibles responsabilidades.
Un informe interno de la Diputación, al que ha tenido acceso Efe, recoge que el actual convenio colectivo de Imelsa se aprobó el 30 de abril de 2015, uno días antes de las elecciones, e incluye "cláusulas de blindaje" y otras "que podrían ser ilegales".
En concreto, el informe destaca que la cuestión "de mayor calado" heredada en materia laboral se refiere a la contratación de personal , "que no respondía, en general, a procesos reglados con cumplimiento de los principios de legalidad de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad".
Destaca además que el convenio, que tenía un plazo de vigencia de 5 años , se aprobó exclusivamente por la empresa y el sindicato mayoritario CSIF, no siendo votado por CCOO y UGT.
Además, el convenio, "q ue no se llevó al conocimiento, debate y aprobación, en su caso , del consejo de administración de la empresa ni de su junta general", no incorpora un informe claro y propio de la Intervención de la Diputación sobre la existencia de recursos que den soporte a los acuerdos convenidos.
El citado convenio incluía algunas cláusulas de blindaje y "otras que podrían resultar ilegales, además de otros aspectos que suponían, de facto, dificultades para la continuidad, gestión y desarrollo de la empresa", una circunstancia que podría llevar a "desistir del futuro de la empresa y encaminarnos a un proceso de disolución y liquidación de la misma", según recoge este informe.
Mientras, ayer terminaron las declaraciones ante el juez de los exconcejales del PP investigados por el presunto blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia. Previsiblemente, el titular del juzgado de Instrucción 18 elevará la causa al Supremo para que pueda citar a Rita Barberá, aforada en el Senado, como investigada.
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