Caso Alquería
Rodríguez sugiere que cargos de PSPV y Compromís pactaron las áreas de los contratos bajo sospecha
El expresidente de la Diputación de Valencia señala que José Manuel Orengo era conocedor de cómo se iban a hacer las contrataciones que ahora se investigan
La estrategia de defensa del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez continúa marcada por el intento de desvincularse de la causa y de apuntar a otros cargos de PSPV y Compromís en las contrataciones de directivos supuestamente al margen de la ley en la empresa pública Divalterra , heredera de la antigua Imelsa.
El pasado septiembre solicitó la práctica de algunas llamativas diligencias que entre los círculos socialistas se interpretaron tanto como un intento de descargar su responsabilidad como de llevar la batalla interna en el partido a esta causa.
En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, encargado del llamado caso Alquería, pedía que se citara a varios testigos para que declararan sobre el conocimiento de los hechos que se indagan. Concretamente, mencionaba a José Manuel Orengo, Concha Andrés, Pablo Seguí, Maria Josep Amigo, Emili Altur, Josep Bort y Xavi Rius. Algunos de ellos siguen siendo cargos actuales del PSPV y de Compromís.
Precisamente uno de los más relevantes es Orengo , quien fue número tres de los socialistas valencianos y asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. A ello se añade que nunca fue cercano al propio Rodríguez, en uno de tantos enfrentamientos que han marcado la vida interna de los socialistas valencianos para controlar el partido.
La defensa del expresidente de la Diputación acompañó la petición de testificales, como informó ABC , de un cuadro en el que consta el reparto inicial de áreas entre PSPV y Compromís en Imelsa cuando estos partidos pasan a dirigir la corporación provincial (antes de que la empresa pública acabara refundada en Divalterra). Los primeros contaban con la gerencia y los segundos con la vicegerencia, con competencias divididas entre cada uno. En ese documento, además, se incluyen las firmas de la mayoría de cargos a los que Rodríguez hace mención.
El instructor del caso cuestionó en una providencia posterior las nuevas testificales propuestas al entender que su participación es «superflua», por lo que pedía que explicara los motivos por los que interesa su declaración.
La respuesta de Rodríguez ha llegado ahora. En un nuevo escrito al juzgado, explica que ese cuadro que aportó «constituye el pacto de Gobierno en el que se establece una nueva estructura en la Diputación y en Imelsa». Un reparto en el que, señala, «se establecen las bases de lo que serían las áreas para las que fueron contratados los altos directivos ».
La defensa del expresidente de la corporación provincial remarca que él accede al cargo con posterioridad a dicho acuerdo, «en el que no tuvo intervención alguna». «Se encuentra con una sociedad, Imelsa, totalmente caótica , y con unas bases o estructura nueva ya pactada, que tendrá que organizar de forma que sea una empresa viable. Para ello cuenta con la ayuda de los servicios jurídicos y del área de recursos humanos, que son los encargados de preparar la mejor fórmula de contratación, así como la redacción y formalización de los contratos. Estas áreas no son de nueva creación, sino que de lo que se trataba era de reestructurar la empresa para su mejor gestión», detalla.
Apunta a Orengo
De Orengo, destaca que no pertenecía al Consejo de Administración de la empresa pública, pero que estuvo presente en la reunión donde se destituyó como gerente a Rafael Soler, del PP, y se nombró a José Ramón Tíller (PSPV) y a Agus Brines (Compromís) en sustitución, otorgándoles poderes «para formalizar contratos de trabajo». En este encuentro, recuerda, Soler preguntó sobre la contratación bajo los principios de mérito y capacidad , «por lo que el señor Orengo nos puede aclarar exactamente en qué circunstancias se produjo esta pregunta y su contestación o debate».
Sobre Concha Andrés (PSPV) y Xavi Rius (Compromís), indica que no eran consejeros, pero su firma consta en el cuadro de reparto de poder de Imelsa. Sí que lo era Pablo Seguí, que asistió a varias reuniones. Respecto a María Josep Amigó, Emili Altur y Josep Bort (todos ellos de Compromís), formaban parte del Consejo de Administración: «Nos aclararán, no sólo el pacto de gobierno que crea la nueva estructura de Imelsa, sino el conocimiento directo de todos los consejeros de las contrataciones realizadas y la fórmula empleada, incluidos los propios denunciantes, José Luis Pellicer y José Luis Castellote».
