La candidata a dirigir La Fe alega la «enemistad» de la presidenta del comité de valoración

Maite Lázaro, la doctora en Psiquiatría que opta al puesto de directora del hospital La Fe de Valencia que la Conselleria prevé adjudicar a la senadora del PSC Mónica Almiñana , ha solicitado la «nulidad del proceso de libre designación de la plaza». De acuerdo con el escrito de alegaciones presentado por la letrada de Lázaro este viernes ante la Conselleria de Sanidad , la doctora entiende que «podría existir una posible enemistad de la presidenta de la Comisión de Valoración» hacia su persona. De hecho, conforme avanzó este periódico el pasado viernes, la rival de Almiñana tenía cita en la Conselleria para poder revisar el expediente y los méritos de la senadora y presentar alegaciones. Solo se le había concedido una hora y sin posibilidad de hacer copia de los documentos, pero la psiquiatra vio cómo su tiempo se reducía drásticamente hasta los quince minutos, después de que la presidenta de la comisión amenazase con impedirle la consulta (tal como dejó consignado por escrito en una queja al director de Recursos Humanos).

La hoja de ruta expresada por la consellera de Sanidad , Carmen Montón, pasa por nombrar esta semana a la dirigente socialista catalana como nueva directora del hospital de referencia de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en sus alegaciones Lázaro solicita la «suspensión cautelar del nombramiento» de Almiñana hasta que las alegaciones registradas el viernes «sean resueltas en vía administrativa y de manera definitiva».

En su escrito, la aspirante recalca que no consta que los miembros del Comité de Valoración «hayan tenido experiencia en funciones de Gestión Hospitalaria con anterioridad, hecho que consideramos relevante a la hora de evaluar a los candidatos». Asimismo, Lázaro expone que «las hojas del expediente de referencia no han estado foliadas ni enumeradas» . Al respecto, se denuncia una «infracción en el procedimiento administrativo al carecer de sustento o fundamento jurídico objetivo la provisión de puestos de trabajo por libre designación» para la plaza de gerente de La Fe.

El escrito esgrime una sentencia del Tribunal Constitucional que prohibe la arbitrariedad de los actos públicos, al considerar que «es sinónimo de injusticia ostensible, que no se limita solo a la discriminación».