Política
Antifraude afea el pago de 772.000 euros sin justificar a concejales de los partidos de izquierdas en Valencia
La investigación concluye que el Ayuntamiento recurrió a complementos para esquivar la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
La Agencia Valenciana Antifraude considera que el Ayuntamiento de la capital del Turia pagó sobresueldos por importe de 772.000 euros de diez concejales del gobierno de Compromís, PSPV y València en Comú (la antigua marca municipal de Podemos) sin la debida justificación.
Las prácticas que investiga Antifraude se remontan a la legislatura que transurrió entre los años 2015 y 2019. El Ayuntamiento presidido por Joan Ribó «violentaron la voluntad expresada» en la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Esta norma, bautizada en su día como «ley Montoro» , establecía que solo veinticinco de los 33 concejales del Ayuntamiento de Valencia podían cobrar por su dedicación exclusiva.
El Consistorio tuvo que reducir al 75 el salario de los integrantes de la Junta de Gobierno, pero les compensó con complementos de especial responsabilidad que ahora cuestiona Antrifraude.
Sin embargo, según Antifraude , «ni se motivaron ni se han acreditado las competencias y responsabilidades especiales de los tenientes de alcalde». Entre los cargos que cobraron sobresueldos se encuentran los dos vicealcaldes actuales de la ciudad, Sandra Gómez y Sergi Campillo , del PSPV-PSOE y Compromís, respectivamente.
La Agencia Antifraude sostiene que «el sistema de retribuciones establecido por el Gobierno si bien no sobrepasaba el límite legal de 25 concejales con dedicación exclusiva, pero de facto su efecto práctico fue que el Ayuntamiento de Valencia retribuyó a 31 concejales durante la legislatura 2015-2019 el mismo importe en términos cuantitativos que el fijado por el pleno con dedicación exclusiva. Lo que materialmente puede implicar el incumplimiento del límite de cargos públicos con dedicación exclusiva».
El Ayuntamiento de Valencia dejó esta práctica en la presente legislatura tras una denuncia recibida por la Fiscalía, que finalmente no abrió una investigación.
Joan Ribó defendió la legalidad de la medida
Al respecto, el gobierno de Joan Ribó justifica que recurrió a los complementos para no perjudicar a los grupos de la oposición, a los que en el mandato actual se les obligó a una rebaja de sueldos al menos en ocho casos.
Cuando trascendió la investigación de Antifraude el pasado mes de marzo, el alcalde de Valencia aseguró que la decisión que llevó a aplicar en las nóminas de los concejales de los grupos de izquierdas un complemento se hizo «legalmente y con el visto bueno de la Intervención municipal».
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