Cinco años de viacrucis del juez Llarena, bastión del Estado

Pero el viacrucis del juez Pablo Llarena no había hecho más que empezar. Lo que debería haberse saldado en un plazo de sesenta días, el que marca la euroorden, se ha acabado convirtiendo en una carrera de obstáculos: el próximo noviembre Puigdemont y los consejeros huidos Lluis Puig, Toni Comin y Clara Ponsatí cumplirán cinco años como prófugos de la justicia. Y es ahora, por primera vez en todo este tiempo, cuando por fin se ve la luz al final del túnel: todo apunta a que previsiblemente, ya después del verano, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirá el criterio del Abogado General y dará la razón al juez y con él, a la justicia española.

Según el abogado del TJUE, cuyo criterio suele seguir siempre el tribunal, los magistrados de un país no pueden denegar una entrega cuestionando las competencias del tribunal emisor para enjuiciar al reclamado, que es precisamente lo que hizo Bélgica con el exconsejero Lluis Puig, el único de los huidos sobre el que las autoridades belgas ya han decidido: en enero de 2021 rechazaron su entrega alegando que el competente para investigarlo y juzgarlo era el TSJ de Cataluña y no el Tribunal Supremo. Si el TJUE confirma en unas semanas esta argumentación no solo abriría la puerta a volver a instar la entrega de Puig (algo plenamente justificado cuando un país no ha ejecutado correctamente el derecho comunitario), sino que pondría a este Bélgica en serios aprietos para sacar de la chistera un nuevo argumento que justifique su negativa a entregar a Puigdemont y los otros dos huidos.

Porque si por algo se ha caracterizado la actuación de Bélgica en estos años es por unas trabas «difícilmente compatibles con una herramienta de cooperación judicial basada en la confianza entre los Estados y reconocimiento de sus resoluciones judiciales», apuntan fuentes del Tribunal Supremo. Desde las primeras órdenes de detención internacional y entrega (la cursada por la juez Carmen Lamela), en noviembre de 2017, Llarena las ha retirado hasta en tres ocasiones.

En su campaña de descrédito y afán de ridiculizar al juez español, los independentistas han vendido estos movimientos como debilidades, inseguridades e incluso ignorancia del instructor, pero lo cierto es que cada una de sus actuaciones y consecuencias estaban medidas. Y respaldadas por la Sala Penal del Supremo.

«Ninguna de estas decisiones fue improvisada. En cada momento ha visto la conveniencia u oportunidad de mantener o retirar las OED en función de los efectos que esta orden de detención podía tener en el proceso penal que se estaba tramitando», comenta un compañero del magistrado. No hay duda de que todo habría sido mucho más ágil y menos costoso en términos personales y profesionales para el juez si España hubiera aceptado la entrega de Puigdemont solo por malversación, pero no habría sido justo teniendo en cuenta los delitos y penas a los que se enfrentaron y fueron condenados por estos mismos hechos los líderes del 'procés' que sí rindieron cuentas con la justicia.

Fue ese momento, el de la sentencia, el determinante para reactivar las euroórdenes. Los delitos estaban ya definidos y la posición jurídica de España era mucho más sólida celebrado ya el juicio que cuando se libraron las primeras órdenes de detención internacional, apenas un mes después del referéndum ilegal del 1-O. También cuando se cursaron las segundas, con motivo del auto de procesamiento, en marzo de 2018.

Pero vino el siguiente problema: tres de los huidos, entre ellos el 'expresident', se refugiaron bajo paraguas de la inmunidad al concurrir y obtener escaño en las elecciones europeas. Puigdemont está pendiente ahora de que el tribunal europeo avale la retirada de esta inmunidad, tal y como acordó la Eurocámara. Esta será el último escollo que habrá que salvar antes de que Bélgica o cualquier otro país de la UE en el que recalen los eurodiputados pueda proceder a la entrega libre de obstáculos como los que paralizaron el procedimiento en Cerdeña. Si algo puso de manifiesto ese momento fue que el Ejecutivo no solo no había desplegado toda su red diplomática para neutralizar las mentiras del independentismo, sino que sus servicios jurídicos tampoco echaron el resto en la defensa de los intereses españoles. Se vio cuando la entonces ministra de Justicia de Justicia Dolores Delgado se negó a defender al juez en la demanda civil que los líderes del 'procés' interpusieron contra él en Bélgica. Y más recientemente con la 'confusión' que generó el representante de la Abogacía del Estado en el tribunal europeo cuando sostuvo que las órdenes de detención de Llarena no estaban activas. Esta afirmación llenó de argumentos a las defensas de los prófugos y obligó al Tribunal Supremo a tener que explicar fuera de España que esas órdenes seguían plenamente vigentes pero a la espera de la respuesta de la justicia europea a la cuestión prejudicial que había planteado Llarena sobre la extralimitación de Bélgica.

Llarena siempre ha confiado en esta cuestión prejudicial, en la que ha puesto en evidencia la actuación de las autoridades belgas. Fuentes de su entorno aseguran que no sería comprensible que el TJUE aprobara la actuación de Bélgica ni de cualquier otro país que se extralimite a la hora de interpretar la euroorden. Hacerlo supondría «cargarse» esta herramienta de cooperación y, con ella, uno de los pilares que sustenta la propia Unión Europea.

Desde la serenidad que da el tiempo y con aquel independentismo radical más sosegado, hace meses que los huidos han empezado a entender que ya no son héroes para los suyos y que no hay atajos que les permitan volver a España sin pasar por el Supremo. Meritxell Borràs y Anna Gabriel son ejemplos de ello.

También desde hace tiempo el magistrado está en una situación más cómoda. Las fuertes presiones nacionalistas de los dos primeros años han dado paso a una tensa calma que ha permitido al juez recuperar en parte su vida, su afición a las motos y a la gastronomía con un buen vino sobre la mesa. Una imagen que está muy lejos de quien se lo imagina esperando al malvado en una mecedora con una escopeta en la mano. La justicia española ha hecho todo lo que tenía que hacer y lo que pase a partir de ahora ya será responsabilidad de otros.

Cuando sus amigos le preguntan si ha merecido la pena, Llarena suele contestar que sí, que el desgaste ha sido enorme pero no más que su vocación de servicio público. Y el hecho de que el Estado le haya asignado una tarea de esta entidad y responsabilidad sólo le puede producir «satisfacción y orgullo».