El TSJC estudia si admite a trámite una denuncia por prevaricación y desobediencia contra Gonzàlez-Cambray

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha incoado un procedimiento penal, tras la denuncia presentada el 1 de junio por Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, contra el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por los delitos de desobediencia y prevaricación por no cumplir, en opinión de los demandantes, con la orden del TSJC de aplicar el 25 por ciento de español en todo el sistema de enseñanza.

Esta es la primera demanda contra el responsable de la Educación en Cataluña que los tribunales incoan y estudian ahora si se admite a trámite o no, después de cumplirse el plazo para la ejecución de la sentencia de diciembre de 2020, que fija un porcentaje mínimo para el uso de las lenguas oficiales en la comunidad en las materias no lingüísticas y que debe aplicarse a todo el sistema. Para Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, Gonzàlez-Cambray no solo no ha cumplido con la resolución judicial sino que ha dado las instrucciones para que los centros no adapten sus proyectos a la ley.

En unas diligencias fechadas la semana pasada y consultadas por ABC, el TSJC designa, según el turno legal establecido, a la magistrada María Eugènia Alegret como ponente para el correspondiente procedimiento penal y da traslado a la Fiscalía para que informe sobre la competencia de la Sala y sobre la admisión a trámite de la denuncia por prevaricación y desobediencia, que incluye a «todos aquellos miembros» del departamento de Educación, es decir altos cargos y funcionarios, «responsables que se deriven de la instrucción».

Al margen de esta denuncia sobre el consejero de Educación, que el afectado tiene cinco días para interponer un recurso de reposición contra la decisión del TSJC, hay pendiente una denuncia de Cs ante la Fiscalía por el mismo caso del incumplimiento de la Generalitat en el 25 por ciento de español en las aulas y la resolución de la ejecución forzosa (también del 25 por ciento) que lleva la Asamblea por una Escuela Bilingüe en el TSJC.