El PSC tropieza con la lengua: el equilibrio imposible con el 25%
Los socialistas condicionan ahora su apoyo al decreto del catalán en las aulas a que se cumpla la sentencia del castellano en las aulas
Las claves de una reforma lingüística en Cataluña que cambia poco
Después de haber cedido y acordado con ERC, Junts y los comunes que el español no sea «lengua de aprendizaje» en Cataluña, el PSC condiciona ahora su apoyo al futuro decreto que desarrollará la nueva ley de lenguas oficiales a que la Generalitat cumpla con el mínimo del 25% de castellano en las aulas que fija la Justicia. Así lo aseguró este jueves el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, tras la tormenta desatada por el alineamiento de su partido con el frente lingüístico a favor del monolingüismo de independentistas y comunes.
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«No hemos garantizado nuestro apoyo, queremos ver la literalidad y si se habla o se hace alguna referencia o afirmación que pueda suscitar un incumplimiento de las resoluciones judiciales no daremos nuestro apoyo», detalló este jueves Illa en una entrevista en la cadena Ser Catalunya, en la que también comentó que desearía que no tuviera que existir ninguna resolución judicial respecto al uso de las lenguas en las aulas.
Equilibrios
El PSC lleva años tratando de hacer equilibrios en su posición con respecto al sistema de inmersión lingüística. Tras ser uno de sus partidos impulsores, a principio de los años ochenta, de manera reciente la formación comenzó a modular su postura, afirmando que se debía proceder a una reformulación de la misma.
Este tímido viraje, sin embargo, tenía un límite, el de verse englobados en el mismo frente que Vox, Cs y PP. La cuadratura del círculo pareció que llegaba el pasado 24 de marzo, cuando independentistas y comunes pactaban con el PSC un texto en el que, pese a no modificar en esencial el sistema actual, sí que definía el castellano como «lengua de aprendizaje» , es decir, que más allá de impartirse como materia, el español sirviese también para enseñar otras asignaturas.
La propuesta, de hecho, elevaba a ley lo que los tribunales ya habían establecido, un reconocimiento legal del español que incluso los defensores del bilingüismo vieron como un avance. Esto es, que además de la asignatura de castellano, se enseñase en esta lengua otra material troncal, hasta alcanzar el 25% del total. El pacto duró apenas unas horas, las que tardaron los sectores más ultras del independentismo en forzar la renuncia de Junts por considerar que ese reconocimiento ponía en peligro el catalán.
Es en este contexto que, en aras de recuperar la «unidad» lingüística, el PSC ha transigido, y el castellano, en la nueva propuesta que se dispone a aprobar el Parlament, ha pasado de ser lengua de «enseñanza» a ser «lengua curricular y educativa». Para los socialistas, no hay diferencia y, en cualquier caso, se reconoce, en su opinión, la vehicularidad del castellano.
Desde luego, es un alambicado y ambiguo redactado que permite tanto al independentismo decir ahora que se blinda la inmersión con el 100% de las asignaturas en catalán -pese a la oposición de la CUP y las entidades más radicalizadas en materia lingüística-, como al PSC asegurar que se mantiene «lo esencial» del documento presentado el 24 de marzo por las cuatro formaciones, y por tanto que se reconoce al castellano.
El PSC ha hecho un «esfuerzo extraordinario por la materia» , aseguró Illa, que calificó como algo importante por su simbolismo y por la convivencia en Cataluña. Pese a ello, y transigir luego, el líder del PSC criticó que el primer documento se revisara después de firmarlo, asegurando que las formaciones políticas están «demasiado pendientes» de la opinión de asociaciones y las entidades para tomar decisiones, en alusión a los grupos independentistas.
Decreto-ley
Cuando la ley de lenguas oficiales se apruebe en la Cámara autonómica, tras conocer la opinión del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) , que emite opiniones no vinculantes sobre el encaje de las normas a la Constitución y el Estatuto, básicamente, y lo hará a petición de Vox, Cs y PP , que ayer presentaron la solicitud del dictamen, el Govern catalán aprobará un decreto-ley desarrollando la norma.
El movimiento de los tres partidos constitucionalistas perturbará la idea inicial del Govern, el PSC y los comunes, que contaban con aprobar hoy la ley y, tras el decreto-ley también para este viernes, tener lista una respuesta al TSJC antes de finalizar el plazo para cumplir con la orden de la ejecución forzosa del 25%. La fecha límite finaliza el martes.
