Sombras de corrupción sacuden el «oasis» socialista de L'Hospitalet de Llobregat

Suele definirse «oasis catalán» a esa calma chicha pujolista donde la políticos no levantaba demasiado el tono y se viajaba en una balsa de aceite. El país, en fin, donde no pasaba nada, hasta que se levantó la alf ombra y entonces sí que pasó. Fue en 2005 cuando el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, espetó al líder de la oposición, Artur Mas, aquello de «ustedes tienen un problema y se llama tres por ciento». La justicia acabaría confirmando aquel secreto a voces de la sistemática corrupción convergente con la obra pública.

Pero hay más «oasis» en Cataluña, al menos, entendidos como territorios dominados durante decenios por un único color político. Eso dificulta que alguien levante la alfombra. Como el de L’Hospitalet de Llobregat , la segunda ciudad catalana , que en democracia no ha conocido otro gobierno municipal que el del puño y la rosa. Sus históricas luchas internas parecían haberse calmado en un último decenio dominado por Núria Marín , que gobierna con mayoría absoluta. Pero ahora un edil ha decidido tirar de la manta denunciando a dos compañeros por desvió de subvenciones, en un caso donde las sombras de corrupción se entremezclan con rivalidades políticas y personales. Como en el oasis pujolista, un juez será quien dictaminará si bajo la alfombra había algo más que el inevitable polvo del desgaste político.

Hace casi cuatro décadas que Jaume Graells milita en el PSC, y en este mandato fue teniente de alcalde de Educación, Juventud y Deportes. Lo fue hasta que puso los pies en los juzgados para presentar una denuncia contra dos compañeros ediles por el supuesto desvío de subvenciones del Consell Esportiu, una entidad privada para la promoción del deporte escolar, cuya directiva la componen seis personas designadas por el consistorio. Antes había revelado las presuntas irregularidades en una reunión con la alcaldesa, Núria Marín , que encargó una auditoría interna y decidió no apartar por ahora a los denunciados, al menos hasta tener los resultados de esos informes. Siguiendo el código ético socialista, solo se les cesaría en el caso de que un juez abra juicio oral contra ellos. Como Graells considera que «no se ha actuado con firmeza y con verdadera voluntad de esclarecer los hechos», el edil ha apostado definitivamente por la vía penal. Su decisión acabó desembocando en la detención por la Policía Nacional del segundo teniente de alcaldía y primer secretario del PSC local, Cristian Alcázar, y del concejal de Deportes, Cristóbal Plaza.

También fue arrestado Eduard Galí , presidente del Consell Esportiu, y los agentes registraron la sede de la entidad. Los tres quedaron en libertad con cargos -los dos primeros ya en comisaría y el tercero después de ser conducido al juzgado- a la espera de que el juez los cite a declarar. Judicialmente, la investigación -abierta por malversación, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental- determinará si se desviaron al bolsillo de los implicados ayudas públicas que tendrían que destinarse a la promoción deportiva y se camuflaron con documentación falsa. De momento, la causa sigue bajo secreto de sumario, pero más allá de las responsabilices penales, el caso ha sacudido al «oasis» municipal socialista y la paz del marinismo. Oasis en cuanto a la ausencia de supuestas corruptelas, porque las refriegas de carácter personal en la ejecutiva socialista local como mar de fondo hacía algún tiempo que existían, sirviendo de caldo de cultivo y contexto para transmutarse en una cuestión penal.

Graells es la actual pareja de Mercé Hernández , la responsable del área económica del Consell Esportiu, pero decidió firmar él solo la denuncia para que ella se quedase al margen de los focos. El edil niega, además, que el origen de la denuncia fuese una disputa política fruto de la división que se vivió en la agrupación local por las primarias para elegir al sucesor de Marín en el cargo de primer secretario del PSC de L’Hospitalet.

Otras fuentes, en cambio, ofrecen una visión muy diferentes y enmarcan la denuncia en motivaciones de índole personal, como que la actual pareja del edil pidiese un aumento de sueldo que le fue denegado. Graells lo niega e insiste en que si acudió a la justicia ha sido por la pasividad del gobierno local y las «evidencias palmarias» del desvío de subvenciones. Sean las que fueran las razones, la justicia necesita de filtradores que denuncien las penumbras entre bambalinas políticas. En definitiva, que alguien de dentro sacuda las alfombras y confirme si el oasis hospitalense era tal o solo un espejismo.