Ordenan la entrada a prisión de Oriol Pujol por el caso de las ITV
La Audiencia da diez días al expolítico para acudir a un centro penitenciario aunque, si recure, la resolución quedaría en suspenso hasta ser firme
Oriol Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, deberá entrar a prisión en diez después de que este miércoles una juez de la Audiencia de Barcelona haya ordenado su ingreso para cumplir la pena de dos años y medio que le fue impuesta por el caso de las ITV . No obstante, esta resolución es recurrible, lo que dejaría en suspenso su entrada en la cárcel hasta que fuese firme.
La magistrada de la sección 20 de la Audiencia -encargada de resolver la ejecución de condena al exdirigente de CDC- ha desestimado su petición de conmutar por trabajos en beneficio a la comunidad la pena de cárcel que le fue impuesta por usar su influencia política para favorecer a empresarios afines y cobrar comisiones ilegales en el caso de las ITV. La Fiscalía ya se había opuesto a la petición del político y solicitió a la magistrada rechazar su escrito.
Asimismo, a resolución adoptada por la magistrada se puede recurrir, lo que suspendería el ingreso efectivo en prisión del hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol hasta la firmeza de decisión. La defensa está valorando recurrir, aunque antes deben estudiar la resolución.
En el auto, la magistrada descarta conmutar la prisión por trabajos en beneficio de la comunidad al concluir que Oriol Pujol debe ir a la cárcel por la «gravedad» de sus delitos, porque de esta forma se «restablece la confianza del ciudadano» y porque una suspensión de penas equivaldría a una «minimización» de «actos delictivos graves».
Según la juez, Pujol cometió un «ataque muy importante» al Estado de Derecho, ya que afectó a su propia esencia y provocó «desconfianza en la ciudadanía hacia sus propios representantes», por lo que a la hora de decidir si ingresa en prisión prima la naturaleza de sus delitos sobre sus circunstancias personales.
En una vista celebrada el pasado 10 de diciembre, Pujol alegó que ya ha pagado una «pena natural» porque el caso de las ITV ha implicado la «destrucción» de su carrera política y profesional y advirtió de que su ingreso en prisión perjudicaría «gravemente» a su entorno familiar y a su arraigo laboral y social, que está «en plena recomposición».
Además, la defensa apuntó que Oriol Pujol ha sido «estigmatizado» por este caso de corrupción y pidió que se evitara convertirle en un «chivo expiatorio» por su dimensión pública, tras haber presidido el grupo parlamentario de CiU y ser secretario general de CDC.
Por el contrario, la juez afirma que acordar el ingreso en prisión de Pujol no es utilizarle como un «chivo expiatorio», sino que se limita a adoptar una resolución «debidamente motivada, imparcial y despojada de automatismos».
«Los hechos cometidos (por Oriol Pujol) son muy graves porque, en vez de prestar el servicio a la comunidad inherente a sus cargos políticos, se aprovechó de los mismos en su propio beneficio, pues no actuó en interés del pueblo al que representaba (era diputado), sino en el suyo propio», argumenta.
En este sentido, subraya que la intervención de Pujol en la trama de las ITV «no se trató de una acción aislada, sino de una manera de actuar desde su privilegiada posición política y actividad pública, que se prolongó durante los años 2010 a 2012 y que solo terminó cuando la estratagema fue descubierta».
Según la juez, Pujol se aprovechó de su «posición política» a fin de conseguir «actos administrativos favorables a sus propios intereses económicos y a los de los empresarios con los que se había concertado», y a cambio «percibió comisiones dinerarias a través de empresas regentadas por su esposa, que procedió a la facturación de trabajos inexistentes».
La magistrada reconoce un «sincero arrepentimiento» por parte de Oriol Pujol, ya que «nadie puede quedar indiferente» a sus palabras en la vista celebrada el pasado 10 de diciembre, cuando reconoció su error y alegó que ha notado el «desprecio» y la "«decepción» en mucha gente y que incluso él se ha decepcionado a sí mismo y que se mira en un espejo «y no se gusta».
En el auto, la juez detalla que Pujol adujo que se ha truncado su proyecto vital, que ha pasado a una posición social distinta dado que en la actualidad está «estigmatizado socialmente» y que el ingreso en prisión cortaría su actual proyecto de servicio social.
«Desde un punto de vista humano se comprende el descalabro que en su vida ha supuesto el proceso penal, pues partiendo de una privilegiada posición derivada de su proyección política desde temprana edad, ostentando importantes cargos en un partido hegemónico en Cataluña y siendo diputado en el Parlament, se encuentra en la actualidad despojado de aquellos cargos, inactivo políticamente y desempeñando una profesión en el mundo privado», apunta la juez.
«Entra dentro de lo normal que cuando un hombre se enfrenta ante una situación semejante reflexione e interiorice su culpa, por lo que es admisible la contrición a la que se refirió la defensa, el arrepentimiento que manifestó Oriol Pujol y el descubrimiento de otras llamadas en su vida, como la dedicación altruista a actividades sociales que está llevando a cabo en la actualidad», subraya.
No obstante, la juez apunta que ese «cambio abismal» en la posición social de Pujol se debió a su «conducta delictiva», porque «utilizó mal su cargo político» y que precisamente es esa «conducta desviada» la que prima a la hora de decidir su ingreso en prisión.
La juez remarca además que la vida «normalizada» de Oriol Pujol y su «arrepentimiento» no van a ser «ignorados» por la ley, ya que en priión se da un tratamiento personalizado a cada interno para su reeducación y reinserción y en fases más avanzadas de la ejecución se puede optar a la libertad condicional.
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