Abogados Penalistas cree que el Supremo evitó «encarnizarse» con los condenados del 1-O

La Unión Española de Abogados Penalistas (UEAP) resalta la voluntad del Tribunal Supremo para «evitar» el «encarnizamiento punitivo» en las condenas impuestas a los líderes y organizadores del referéndum ilegal del 1-O . «Se han valorado hechos y no se han enjuiciado simples ideas», afirman los letrados en un comunicado en el que analizan el impacto de la sentencia, respondida por el secesionismo con disturbios y altercados en toda Cataluña.

Las condenas de prisión a los dirigentes secesionistas (encabezados por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ) van entre los 9 y los 13 años por delitos de sedición y malversación. Asimismo, los exconsejeros Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó no entrarán en prisión al ser condenados por desobediencia con una multa y menos de dos años de cárcel.

En este sentido, desde la UEAP resaltan que el «marco penal» vigente permitía penas mucho más altas, de hasta 20 años de prisión, para algunos de los procesados. Los letrados penalistas recuerdan que el Alto Tribunal no ha admitido el «planteamiento acusatorio» de la Fiscalía -que hablaba de rebelión consumada- y se ha acercado más al de la Abogacía del Estado -que apuntaba el delito de sedición -.

Paralelamente, los abogados aseguran que la sentencia dada a conocer hace dos semanas es favorable al mantenimiento del programa de «resocialización de la pena» de los condenados al no aplicar el artículo del Código Penal que impide obtener terceros grados hasta que se ha cumplido la mitad de a pena. «El tribunal se muestra favorable a otorgar plenas posibilidades de resocialización a los condenados», añaden.

Finalmente, desde la UEAP valoran las protestas contra la sentencia , que derivaron en unos altercados que se prolongaron durante casi una semana en Barcelona y que han dejado cientos de heridos y decenas de detenidos. No obstante, señalan que las protestas de partidarios y detractores de la sentencia a los líderes del «procés» no deberían impactar en las decisiones judiciales. «El sistema democrático (...) rechaza de manera absoluta y radical tanto la condena por linchamiento como la absolución a consecuencia de las reclamaciones de los que se manifiestan», concluyen.