El top manta, un suspenso de mandato para Colau
Los vendedores campan a sus anchas tras tres años de pasividad municipal
Esparcido y enquistado. El «top manta» en Barcelona ya era un problema evidente hace tres años y medio, cuando el gobierno de Ada Colau llegó a la alcaldía municipal, pero el fenómeno ha aprovechado el mandato para acomodarse en una ciudad cuyo consistorio no le ha plantado cara. La pasividad con el colectivo ha permitido que su ocupación de la vía pública se normalice, a pesar de ejercer una práctica ilegal y de las críticas incesantes de comerciantes y de vecinos.
La alcaldesa y su equipo llegaron con ganas de resolver la solución y aportaron desde el primer momento innovadores planes que, a la práctica: pretendían retirar de la calle a los vendedores ilegales, mayoritariamente ciudadanos inmigrantes de origen africano, a costa de ofrecerles facilidades para legalizar su situación en Barcelona. Con ello, lo que se ha conseguido es un «efecto llamada». Así, se estima que el pasado verano, en temporada alta, la ciudad llegó a tener cerca de un millar de «manteros», casi el doble que años anteriores.
Con total impunidad, a pesar de que las patrullas callejeras lo tienen a la vista, el colectivo se ha ido aposentando en los puntos más turísticos, como el paseo de Gracia, plaza Cataluña, los aledaños del Park Güell y la Sagrada Familia y, especialmente, los paseos Joan de Borbó, Colón y Marítimo. Allí llegan a concentrarse hasta tres o cuatro hileras de mantas pegadas las unas a las otras, de extremo a extremo: en territorio portuario la Guardia Urbana no tiene potestad de actuación, con lo que difícilmente pueden hacer algo.
El pasado verano la situación fue exagerada y curiosamente ese año las sanciones al colectivo cayeron un 21,5% según datos policiales. El Ayuntamiento, lo confirman a este periódico sindicatos policiales, ha pasado a renunciar a la sanción como medida disuasoria, ya que los denunciados no pueden pagarlas: su objetivo ahora es la incautación de sus productos, habitualmente falsificados.
Todo ello, ante la impotente mirada de propietarios de tiendas, que ven cómo la competencia desleal inunda sus aceras de ropa deportiva, bolsos y carteras, gafas, colonias y «souvenirs» mayoritariamente falsificados. La pasividad municipal, de hecho, hizo que agrupaciones comerciales, hartas de la inacción, se aliaran en 2016 en la Plataforma de Afectados por el Top Manta. Con más de 30 agentes de la ciudad, no han dejado de denunciar que se sienten «desamparados, menospreciados, desatendidos», especialmente al ver que el gobierno actual ha evitado condenar la venta ilegal en la vía pública. Paralelamente, los «manteros» se han agrupado en el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y el colectivo «Tras la manta» también los arropa.
Bajan al metro
El problema no acaba a pie de calle: el «top manta» ha bajado sin problemas al suburbano y desde hace tiempo ocupa el vestíbulo de la estación de plaza Cataluña. Allí, en el espacioso intercambiador entre Metro y Cercanías, decenas, incluso centenares, de vendedores han encontrado el suelo en el que plantar su manta, ideal además en días de frío, calor o lluvia.
La descarada invasión llevó a Renfe a alertar hace ya un año del riesgo patente y a exigir más contundencia policial a Mossos d’Esquadra y Guàrdia Urbana, atendiendo a que una instalación por la que pasan a diario unas 80.000 personas podría exponerse a un problema de seguridad ante tal ocupación. El pasado octubre, la compañía desveló que en lo que llevaban de año habían hecho unas 600 llamadas para pedir a Mossos y Urbana que mantuviera libres los accesos. La situación, sin embargo, seguía sin resolverse.
Lo cierto es que, como el juego del gato y el ratón, manteros y policía se han acostumbrado a ocupar y desalojar constantemente la estación en un particular tira y afloja. Las pasadas Navidades, con motivo de la amenaza terrorista decretada en Barcelona, hubo menos efectivos para ello y los «manteros» lo aprovecharon para ampliar todavía más su conquista de pasillos, hasta el punto de tener totalmente invadido el vestíbulo, sin espacio para una manta más.
Pasada la alerta y a la desesperada ante tal descontrol, la policía ha ido efectuando esta semana dispositivos, como el del miércoles, en la que se llegaron a incautar 915 objetos y a interponer 21 denuncias por venta ambulante sin autorización. Sin embargo, aunque contundentes, han resultado ser inútiles para erradicar el problema. En menos de 24 horas el vestíbulo despejado era historia: ABC fue testigo de cómo decenas de vendedores, con impunidad total y ante la mirada impotente de cuatro vigilantes de Renfe, volvían a exponer las camisetas de Messi, Griezmann y bambas y chandals de las primeras marcas deportivas. El jueves por la tarde, el dispositivo policial se repitió, así como la posterior vuelta a la «normalidad» de los «manteros».
Ante tal situación, y priorizando la seguridad de la estación, el Ayuntamiento se escuda ahora en que necesita como agua de mayo la ayuda de los Mossos. El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, pidió esta misma semana una solución para mantener el espacio libre, ya sea con más presencia permanente de policía, de personal de Renfe y de TMB o incluso con una remodelación arquitectónica en el vestíbulo.
Sobre la mesa está un dispositivo conjunto, que se está ultimando y que tendría dos puntos de implantación, según confirma Renfe a ABC: una primera fase de choque y una segunda de estabilización de la situación. «No es suficiente con los desalojos puntuales», insistió Recasens, en un tono antagónico al que se ha tenido durante los últimos años con los «manteros» de la calle. Para la oposición, el extremo en el que se ha llegado es culpa de la incapacidad municipal de coger el problema por los cuernos y, además, la demanda de ayuda llega tarde y es insuficiente.
A las de la oposición se le suman ahora las críticas de los propios «manteros», que ven una postura municipal y contundencia en tales actuaciones para nada parecida a lo que el gobierno Colau les tenía acostumbrados. «La violencia policial no será nunca la solución», defienden, al tiempo que denuncian que están siendo víctimas de «políticas de limpieza social».
