Nuevo espaldarazo al constitucionalismo en los campus
Segundo apoyo al constitucionalismo: el Defensor del Pueblo recuerda a los rectores el deber de neutralidad
Universitaris per la Convivència celebra el nuevo toque de atención a los rectores y les advierte de que la autonomía universitaria que alegan refiere «a la organización y funcionamiento de los centros, no a las declaraciones institucionales»
Segundo espaldarazo en una semana a los defensores de la legalidad en los campus catalanes. Dos días después de hacerse pública una sentencia pionera que condena a la Universidad de Barcelona (UB) por vulnerar derechos fundamentales de alumnos y profesores al aprobar su claustro un manifiesto a favor de los presos del procés, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán , recuerda ahora en un escrito a los rectores su deber de mantener la «neutralidad ideológica». El pronunciamiento responde a la demanda presentada ante esta institución por la plataforma constitucionalista Universitaris per la Convivència (UpC), que lo ha recibido como un «balón de oxígeno» en su lucha contra el pensamiento único en los recintos académicos.
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Antes de llevar su denuncia a la justicia, UpC elevó en noviembre de 2019 su queja al Defensor, que ahora, tras estudiar las versiones proporcionadas por los rectores, le responde. En su pronunciamiento, al que ha tenido acceso este diario, Fernández Marugán señala que «a juicio del Defensor del Pueblo las universidades, como instituciones vinculadas al cumplimiento de los fines que les asigna el ordenamiento jurídico, están integradas por personas con amplia diversidad ideológica, por lo que sus órganos de gobierno deben respetar esa diversidad cuando ejercen sus funciones , sin asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica».
Otros pronunciamientos en el mismo sentido
«Por lo demás, -prosigue- las universidades públicas, como las demás instituciones que ostentan este carácter, deben respetar el principio de neutralidad ideológica que es exigible en una sociedad plural y democrática ». El Ombudsman español les recuerda que este órgano ya se ha pronunciado en este sentido en otras ocasiones como en actuaciones que se han registrado en edificios públicos y en las calles. En estos casos, la institución, según apunta, también ha trasladado su criterio « acerca de la necesidad de preservar la neutralidad ideológica ».
«En algunas quejas, ya concluidas, -añade Fernández Marugán- se ha formulado un recordatorio del deber legal de respetar la neutralidad ideológica en las fachadas e interior de los edificios públicos, pues la apariencia de imparcialidad es complemento necesario del deber de las administraciones públicas a que se refieren el artículo 103.1 de la Constitución española y el artículo 30.2 del Estatuto de Cataluña».
Puntualiza, no obstante, que «esta institución no es el cauce adecuado para la promoción de posiciones ideológicas o políticas, y que los representantes políticos y sociales tienen más vías de actuación». Informa, por último, de que dará conocimiento de los hechos objeto de la queja ante las Cortes Generales , a salvo de aquellos que permanecen pendientes de pronunciamiento judicial.
Universitaris per la Convivència valora especialmente el recordatorio de que las universidades no pueden «asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica» , so pena de violar su deber de neutralidad institucional. «Celebramos esta nueva apelación a la neutralidad», dice en declaraciones a ABC la portavoz de UpC, Isabel Fernández Alonso .
Queja el 14 de noviembre
Una representación de la plataforma UpC presentó el 14 de noviembre de 2019 ante el Defensor del Pueblo un escrito en el que reclamaba que las universidades retiraran los manifiestos a favor de los presos del procés arguyendo que «la libertad ideológica , protegida por nuestra Constitución en su artículo 16, es un derecho individual e inalienable y que, por tanto, resulta vulnerado cuando alguien declara creencias ideológicas en nuestro nombre. Eso es lo que hace la Universidad cuando aprueba este tipo de manifiestos, asumiendo una posición política colectiva que suplanta la libertad ideológica de alumnos, profesores y personal administrativo».
Señalaba, asimismo, que «el derecho a la educación de nuestros estudiantes, tal como lo configura el art. 27.2 de la Constitución, resulta vulnerado cuando la Universidad asume institucionalmente una posición ideológica contraria a los principios democráticos de convivencia y a los demás derechos fundamentales. Es el caso del manifiesto unitario suscrito por las universidades catalanas, que desprecia los ideales del estado de derecho, el imperio de la ley, la unidad de la ciudadanía y el derecho fundamental a la libertad ideológica».
Antes de redactar su respuesta, que notificó el 1 de octubre de 2010, el Defensor del Pueblo reclamó a las universidades públicas catalanas su versión sobre los hechos. En concreto, los rectores respondieron respecto a su actitud ante la huelga del pasado 18 de octubre, que se convocó como reacción a la sentencia del procés, y también respecto a la aprobación en sus respectivos claustros del polémico manifiesto en apoyo a los presos.
Versión de los rectores
En líneas generales, la mayoría de los rectores señalan en sus respuestas al Defensor que su intención durante la huelga fue garantizar los derechos de todos los alumos, lo que querían asistir a clase y los que querían secundar la protesta. Reconocen, no obstante, que permitieron cierta flexibilidad en la actividad académica y que brindaron a los estudiantes la oportunidad de ir a una evaluación única, lo que los defensores del constitucionalismo interpretaron como una forma de alentar la asistencia a una huelga convocada por motivos políticos.
En cuanto al manifiesto de apoyo a los presos, el grueso de los rectores admite que el documento se aprobó en el claustro, que «no es un órgano de gobierno, sino de representación de la comunidad universitaria» y que «tiene libertad de expresión». Para defenderse sobre la acusación de vulneración de derechos fundamentales por la aprobación en los claustros del controvertido texto, algunos rectores como el de la Universidad de Barcelona, Joan Elias , se escudan en «el derecho fundamental a la autonomía universitaria».
La rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix , indica, según expone el relato del Defensor, que «en el claustro están representados los distintos sectores de la comunidad académica, por lo que tienen competencia para conocer y debatir las líneas generales de la política de la universidad y para formular recomendaciones, propuestas y declaraciones institucionale s ». «Por tanto, -añade la rectora- el claustro de la UAB, al votar y aprobar una declaración institucional sobre la situación política-social de Cataluña no vulneró la libertad ideológica y de neutralidad política de la universidad».
Los rectores de las universidades Politécnica de Cataluña (UPC), Francesc Torres , y de Gerona (UdG), Quim Salví, también precisaron a Fernández Marugán que el manifiesto no era una declaración institucional de la universidad sino que solo reflejaba la opinión de los miembros de sus claustros.
Un «derecho individual»
En contra de los argumentos de los rectores apelando a la autonomía un universitaria, el colectivo denuncianteUpC advierte de que «la libertad de expresión de los claustrales y demás miembros de la comunidad universitaria es un derecho individual que no puede justificar pronunciamientos unitarios de la institución; y que el derecho a la autonomía universitaria es un derecho de configuración legal que ha de ejercerse en relación con las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la universidad (por ejemplo, en el art. 2 de la Ley Orgánica de Universidades o arts. 3 y 4 de la Ley Catalana de Universidades)».
«Se trata -añaden desde UpC- de un derecho que se fundamenta en la libertad académica, manifestada a su vez en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio, libertades que nada tienen que ver con la asunción de posiciones políticas partidistas , y menos aún cuando tales posiciones son manifiestamente contrarias a los valores del orden constitucional vigente y a los principios propios de la democracia y el estado de derecho».
«En resumen, como establecen la legislación y la jurisprudencia constitucional, el ámbito en el que rige la autonomía universitaria es el de la organización y funcionamiento de las universidades, un ámbito al que desde luego no pertenecen las declaraciones institucionales que pretenden la defensa de posiciones políticas muy controvertidas, por muy mayoritarias que se pretendan», concluyen portavoces de la plataforma constitucionalista.
Respuesta al último manifiesto
Por otra parte, Universitaris per la Convivència ha mostrado también su sorpresa por el reciente pronunciamiento de los rectores catalanes, en este caso en apoyo a Quim Torra tras su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo (TS), tal y como adelantó ABC. «Sorprende el reciente comunicado de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) firmado por los rectores de todas ellas, en el que un tono más comedido no oculta un contenido muy semejante al de los manifiestos aprobados en 2019 por los claustros catalanes», añade este colectivo.
En una situación como la actual, la «apuesta por el diálogo» o por el descarte de la vía judicial para la resolución de «conflictos políticos», como apuntan los rectores, « no puede engañar a nadie : se trata de dar apoyo a una posición política de parte cuya exacerbación ha sumido a Cataluña en una crisis de convivencia que ya nadie ignora», concluye Universitaris per la Convivència.
