Los rectores catalanes reinciden y salen en defensa de Torra en otro manifiesto

El 30 de septiembre, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona condenaba a la Universidad de Barcelona (UB) por vulnerar el derecho a la libertad ideológica y a la libertad de expresión al haber suscrito un comunicado a favor de los presos del 1-O y en contra de la acción de la Justicia.

Apenas habían transcurrido tres días, cuando los rectores de las siete universidades públicas catalanas que suscribieron dicho texto, incluido Joan Elías (UB), reincidían con otro comunicado conjunto, en esta ocasión por la inhabilitación definitiva del expresidente Quim Torra.

Ante la confirmación de la sentencia por parte del TS, apuntan los siete rectores miembros de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (Acup), «queremos reiterar todo lo expresado en nuestros comunicados de los últimos años en relación al conflicto que viven Cataluña y el Estado (...) Las universidades apostamos, en todo momento, por el diálogo como vía para resolver los conflictos de modo que no acaben de forma sistemática en la vía judicial». En la misma línea, los rectores apuntan que «a pesar de respetar la decisión del TS y del TSJC, consideramos que no ayuda a vehicular el conflicto por la vía política y por el diálogo entre instituciones y gobiernos».

El nuevo pronunciamiento de los rectores volvió a generar críticas entre la comunidad universitaria constitucionalista. Desde Universitaris per la Convivència, la entidad cuya demanda está en el origen del fallo contra la UB, se denunció que «los rectores se pronuncian una vez más, en este caso, sin ni siquiera petición de ningún grupo de claustrales, en nombre de toda la comunidad universitaria sobre un tema que en absoluto genera consenso, trasladando a la opinión pública la errónea percepción de que existe un pensamiento único en los campus».

« Es ilegal porque ya existe jurisprudencia que indica que este tipo de pronunciamientos vulneran los derechos fundamentales, y es ilegítima porque los rectores en absoluto han sido elegidos por sus ideas políticas que, además, desconocemos y no han de influir en el desempeño de sus cargos», añaden.

En paralelo a la publicación de este nuevo comunicado, ayer seguía creciendo la polémica en torno a la UB. Al respecto, el rector de esta universidad anunciaba, con el apoyo del Consejo del Alumnado, su intención de recurrir la sentencia al entender que cuestion la « autonomía universitaria ».

Su postura no es en absoluto compartida por Cs y el PPC, que ayer celebraron el fallo judicial, ni tampoco por el profesor de Derecho de la UAB y expresidente de SCC, Rafael Arenas, que ayer en un artículo cuestionaba la interpretación del decano de la UB. «La autonomía universitaria es autonomía frente al poder público en aquellos supuestos en los que éste se inmiscuya en la libertad esencial de investigación y docencia de las universidades; pero no es autonomía ni frente a los tribunales ni frente a los derechos fundamentales », apuntaba.