El padre personado en la causa del 25% pide al instituto que ejecute la sentencia: «Los derechos de mis hijos llevan nueve años vulnerándose»

El progenitor remite una carta al centro para «acabar así con la vía judicial» y pedir que cumpla con la Constitución y los derechos lingüísticos de los alumos

El TSJC legitima a un padre en la ejecución forzosa del 25% de español para todo el sistema educativo catalán

El consejero de Educación catalana, Josep González Cambray, ante la escuela de Canet INÉS BAUCELLS

ABC

El padre personado en la causa del 25% reclama al instituto la ejecución de la sentencia . En una carta, remitida al centro, el progenitor aboga por aparcar la vía judicial y aplicar ya el porcentaje de castellano reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). «Los derechos de mis hijos llevan nueve años vulnerándose», denuncia.

Además, en la misiva, que ha divuglado este viernes la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), el padre indica que el fallo judicial no deja «margen para interpretaciones imaginativas o dudas semánticas» y recuerda que en marzo ya solicitó a la dirección del instituto su ejecución. «Ante el silencio con el que fue recibido mi requerimiento no me quedó más remedio que acudir al tribunal», ha recordado.

Ahora, ante la orden del TSJC de ejecutar la sentencia en todos los centros de Cataluña , el hombre ha observado que «ninguna medida se ha adoptado», lo que aboca a los centros a una situación de tensión que no cree que beneficie a nadie. «La sentencia del 16 de diciembre de 2020 es firme y obligatoria. Ya no existen vías para modificarla y una obligación esencial en todo Estado de Derecho es acatar las decisiones judiciales », señala.

«Lo que pido no es más que el cumplimiento de la Constitución y de la ley y de los derechos lingüísticos de los alumnos ; unos derechos que, en el caso de mis hijos, llevan vulnerándose nueve años», lamenta. Ahora, agotado el plazo de cumplimiento voluntario, y a punto de agotarse también el periodo para obedecer «las órdenes directas del tribunal», pide «asumir con normalidad lo que es normal: que tanto el catalán como el castellano son lenguas vehiculares y de aprendizaje en nuestro instituto. Se me hace difícil pensar que esta no pueda ser una base razonable para la convivencia», apunta.

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