Maltrato felino, realidad ignorada
Las asociaciones animalistas muestran preocupación por la crueldad a la que se ven sometidos los gatos que viven en las calles y la inacción de la administración
Trampas de caza, balines, cortes en la piel, ataques violentos que terminan en heridas graves, o incluso la muerte. Estas son algunas de las secuelas que deja el maltrato animal a diario en muchas localidades catalanas. Uno de los grupos más ignorados en esta materia es el de los gatos que, ya sean domésticos o asilvestrados, vivan estos en colonias controladas o no, son víctimas de agresiones o de abandono .
El municipio gerundense de Riumors es el ejemplo más reciente de esta problemática, acumulando una veintena de gatos desaparecidos en los últimos meses, ataques a colonias e incluso directamente la muerte de varios ejemplares, algo que la asociación animalista Lex Ànima ha denunciado en dos ocasiones. La primera denuncia se presentó este verano ante el cuerpo de Agentes Rurales, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Riumors, instándoles a abrir una investigación para encontrar al responsable.
Viendo que estas agresiones no se han detenido, la asociación ha vuelto a denunciar los hechos este noviembre ante los Mossos. «El Código Penal , en sus artículos 336 y 337, castiga este tipo de acciones. Si se trata de maltrato a un gato aislado o a una colonia de gatos, es el mismo delito y la misma pena. Así, el juez aplica una condena proporcional a los daños, que pondera entre los 4 meses a los 2 años de prisión», recuerda Joan Vila, abogado especializado en derecho administrativo y miembro fundador de Lex Ànima. También apela a la ley catalana de 2008 de Protección de los animales que «prohíbe expresamente maltratar, agredir o someter a animales a cualquier práctica que les produzca daños físicos o psicológicos».
Desde la asociación animalista reclaman que «esto tiene que parar. Las administraciones competentes deben solucionarlo para que Riumors pueda tener gatos que vivan en paz y que los dueños puedan estar tranquilos». Al respecto, el alcalde del municipio, Josep Maria Pedrosa, declara a ABC que « se están investigando los hechos a raíz de las denuncias y desde el Ayuntamiento colaboramos con todo lo que se nos pide dentro de nuestras posibilidades».
Extensible a otras localidades catalanas
Corresponde a los ayuntamientos recoger y controlar los animales abandonados, perdidos o asilvestrados. Así lo apunta Noe Terrassa, de Faada, la ONG que asesora y lucha para la protección animal: «Los gatos ferales -ejemplares domésticos que han sido abandonados- son competencia de los ayuntamientos, pero estos muestran pasividad. De este modo los gatos sufren las consecuencias de la inacción de la administración». Terrassa remarca que, según la normativa, «los ayuntamientos deben disponer de centros de recogida de animales abandonados o perdidos adecuados y con capacidad suficiente para el municipio». En cuanto a los gatos, David Serramitjana, director de la Fundació Fauna, comenta a este diario que «son los más olvidados por la administración. Los perros acostumbran a ser readoptados si son abandonados pero los gatos se quedan en la calle y los ayuntamientos no se hacen cargo de ellos».
De este modo, se forman con facilidad colonias de gatos en las calles. En Barcelona existe un 87% de colonias felinas revisadas. El 100% corresponde a 768 colonias, por lo tanto queda un 13% para revisar; cifras variables por su difícil registro. Así pues, estas agrupaciones de gatos sin dueño que viven en libertad tanto en entornos urbanos como rurales son las más propensas a sufrir maltrato o envenenamientos . «Si el Ayuntamiento no controla esterilizando, no explica los protocolos de actuación a los vecinos y no hace campañas de mediación, muchas veces son estos quienes envenenan a los gatos porque les molestan; hecho que está tipificado como delito en el Código Penal», comenta Terrassa. «En Gerona encontramos cada año gatos envenenados sin rastro del autor y, últimamente, ha aumentado el número de casos de felinos disparados con balines, ya que hacen poco ruido y no llaman la atención», apunta Serramitjana, de la Fundació Fauna. «Hace dos años que tenemos sospechas de un grupo de dos o tres personas que atacan a colonias de gatos en las que muchos acaban desapareciendo, pero no tenemos las pruebas suficientes para denunciarles», añade.
Por su parte, el Ayuntamiento barcelonés apunta que «el maltrato de gatos, en general, es más por inacción que para infringir daño directamente». En este sentido, desde el Consistorio explican que en el caso de animales con falta de cuidados es bastante común el caso «de los acumuladores de gatos, que los tienen en condiciones muy malas o terribles de salubridad».
El sistema C.E.R
El programa más apoyado por asociaciones animalistas como Lex Ànima, Faada o la Fundació Fauna para controlar las colonias es el sistema de captura, esterilización y retorno (C.E.R) , que incide en la esterilización de los gatos de calle para detener el aumento descontrolado de nacimientos. En la ciudad de Barcelona hay 9.000 gatos controlados , de los cuales 1.519 están esterilizados. «Las poblaciones se estabilizan cuando el número de esterilizados llega al 70%, y si llega al 100% la colonia disminuirá. Esto supone una mejora en la salud de los animales y de la convivencia con los vecinos». Este sistema es útil «para evitar la transmisión de enfermedades y garantizar un buen manejo de las colonias para mantenerlas bien alimentadas y protegidas», apunta la Faada.
E lproblema principal común que detectan las personas involucradas en la lucha contra el maltrato de los gatos es el desconocimiento básico sobre este problema, junto con «los prejucios sobre los animales y las personas que ofrecen su ayuda». En Faada indican que «tampoco se sabe diferenciar entre los gatos callejeros y los domésticos. Cuando hay un problema con gatos domésticos, lo asume el propietario. En cambio, cuando son de calle son competencia del Ayuntamiento ». Así pues, las asociaciones animalistas coinciden en que debe tratarse el asunto de raíz, debido a la «falta de interés y preocupación de las administraciones a la hora de gestionar casos de este tipo, con la excepción de algunos alcaldes que sí muestran interés en progresar».
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