Juzgan a un mosso por golpear con la porra en la cabeza a un manifestante

La Audiencia de Barcelona juzga este lunes a un agente antidisturbios de los Mossos d'Esquadra   por haber golpeado a un manifestante con la porra en la cabeza en 2018 , durante una protesta contra la presencia de Felipe VI en Cataluña. El uniformado se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión.

El incidente se produjo el 17 de febrero de aquel año, con motivo de la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, a la que asistió el monarca. El agente formaba parte del dispositivo de seguridad que debía blindar los accesos al Palau de la Música, donde se celebró el encuentro.

Sobre las ocho de la tarde, indica la Fiscalía, centenares de personas se agolparon frente al cordón policial, «con actitud violenta». Cuando varios de ellos comenzaron a tirar al suelo las vallas del perímetro de seguridad, el sargento al mando ordenó a los agentes «hacer uso de sus defensas reglamentarias -porras-» para evitar el avance de los manifestantes.

Según explica la acusación particular, que ejerce la asociación Irídia, dicha actuación se saldó con un herido tras recibir un golpe de porra en la cabeza . Se trata de F.R., un hombre de 60 años, que tras el impacto recibió siete puntos de sutura. El Ministerio público también recoge que a consecuencia de la actuación del agente de las Áreas de Recursos Regionales Operativos ( ARRO ) un manifestante resultó lesionado, y que el uniformado cometió un delito de lesiones, pero considera que actuó en cumplimiento de su deber -eximente- y por ello pide su libre absolución.

Por su parte, Irídia solicita cinco años de cárcel para el mosso , al considerar que el herido quedó atrapado entre las vallas de la policía y el resto de manifestantes que las empujaban. Señalan que fue entonces cuando el agente lo golpeó con la porra «con una trayectoria vertical y directa», lo que incumple el protocolo de actuación de los Mossos.

Además, desde la asociación denuncian que este no es un caso aislado, aunque las dificultades para identificar a los agentes implicados suele derivar en la «impunidad» de dichas actuaciones. Por este motivo critican que los actuales mecanismos de control no funcionan y lamentan que no sean los propios mandos quienes impulsen investigaciones contra las presuntas malas prácticas de los uniformados .