El juez del caso Innova impone una fianza de 8 millones a 19 investigados
Los investigados tienen de plazo hasta el próximo día 30 de septiembre para satisfacerla

El juez del caso Innova de Reus (Tarragona) ha impuesto una fianza de 8 millones de euros a 19 investigados -todo el antiguo gobierno local tripartito- por aprobar un aval de 3 millones de euros a la empresa Shirota, que quebró.
El juzgado número 3 de Reus ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la pieza número 1, informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El juez impone una fianza de 8 millones de euros para cada uno de los investigados y da de plazo el próximo 30 de septiembre para satisfacerla.
La medida se impone a todo el antiguo equipo de Gobierno presidido por el entonces alcalde Lluís Miquel Pérez (2007-2011) y formado por el PSC, ERC e ICV; el director de Innova, Josep Prat, su directora financiera, Esther Ventura y la secretaria Natàlia Torrell.
El juez relata que el Ayuntamiento de Reus, a través del grupo de empresas municipales Innova concedió un aval de 3 millones de euros a Shirota Functional Foods (SFF), una empresa cuyo objeto social «nada tiene que ver con la prestación de servicios públicos», por lo que podría ser «malversación».
SFF se dedicaba a la investigación nutricional y estaba compuesta por la empresa La Morella Nuts (48%), Innova (40%), Tecnoparc Reus SA (8%), la URV (2%) y el Hospital Universitario Sant Joan de Reus (2%).
El juez expone que Shirota quebró y en su actividad « han desaparecido 4.000.000 de euros, con unas ventas que no han superado los 155.000 euros» y llama la atención sobre que sus clientes fueran también socios: La Morella, el Tecnoparc y la URV.
El auto relata que La Morella obtuvo una subvención estatal y la creación de SFF fue para poderla desplegar, ya que el propio exalcalde manifestó en el acta del consejo de administración de Innova que no era una "operación típica" y que el objetivo era «transmitir las participaciones a otra empresa más especializada».
Los consejeros criticaron la premura, pero SFF se constituyó con «un oscurantismo impropio de una institución pública». El juez reprocha a todos los consejeros de Innova que argumentaran «ignorancia» a la hora de aprobar una operación que ha resultado ruinosa para el consistorio.
Noticias relacionadas