Consecuencias del 'procés'
La Fiscalía se querella contra una alcaldesa independentista por pagos a la AMI
Señala al Ayuntamiento de Cubelles por las cuotas abonadas a la entidad secesionista
En una iniciativa judicial que podría sentar precedente, la Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra la alcaldesa de la localidad de Cubelles , Rosa Fonoll, por las cuotas que el ayuntamiento pago a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). El Ministerio Público considera que la alcaldesa incurrió en delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
En la querella, presentada ante los juzgados de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), la Fiscalía señala a Rosa Fonoll por haber hecho esos pagos con fondos de las arcas municipales pese a ser «conocedora» de su «ilegalidad» . Pese a ello, y mediante decreto, ordenó el pago «abusando del ejercicio de las atribuciones propias de su cargo». Son dos cuotas de 1.115 euros cada una de las investigadas, un total de 2.231 euros. Ese dinero, sacado de las arcas públicas para entregar a la entidad secesionista, según la Fiscalía, todavía no ha sido devuelto.
La alcaldesa llevaba años ordenando el pago de estas cuotas, pero los pagos en los que ha puesto la lupa la Fiscalía son los efectuados en los años 2019 y 2020. Y es que es a partir de entonces, tras los reiterados pronunciamientos del TSJC sobre esta cuestión, cuando la Intervención del Ayuntamiento de Cubelles empezó a advertirle de esas ilegalidades. Pese a ello, Rosa Fonoll, alcaldesa de este municipio barcelonés de poco más de 15.000 habitantes, «decidió ignorar» estos avisos y continuó con los pagos .
Recurso contra los síndicos del 1-O
Por otra parte, la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Barcelona la reciente absolución de los cinco miembros de la sindicatura electoral que el Parlamento catalán designó para supervisar el referéndum ilegal de secesión del 1-O.
A mediados de abril, un juzgado penal les absolvió al considerar que no había quedado probado que siguieran ejerciendo después de las advertencias del Tribunal Constitucional. La Fiscalía cree que hubo errores en la apreciación de las pruebas y contradicciones entre sentencia y los hechos probados.
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