La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Colau por las subvenciones a entidades afines

«Conviene desterrar la tentación de atribuir posibles responsabilidades penales a la investigada sobre el endeble argumento de ser la máxima responsable del Ayuntamiento de Barcelona », ya que no tiene «fundamento» ni «justificación». La Fiscalía Anticorrupción ha pedido así el archivo provisional de la causa contra Ada Colau por la adjudicación de subvenciones a entidades afines como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que fue portavoz durante cinco años.

El Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona investiga a la alcaldesa por presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias, tras la querella que presentó contra ella la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.

Ahora el Ministerio público, tras evaluar los expedientes de subvenciones concedidas, y tras la declaración como imputada de Colau y de la interventora delegada como testigo, concluye que ésta última «no observó en ninguno de los expedientes en los que informó posibles irregularidades de índole penal».

En su escrito el fiscal recuerda que Colau desde el inicio de su mandato decidió delegar la competencia de concesión de subvenciones en los órganos administrativos de las diferentes áreas y gerencias, y que las comisiones investigadas las aprobó, por unanimidad, la Comisión de Gobierno.

Indica también que el hecho de que la alcaldesa delegara dicha competencia «ya permite intuir» que no tuvo «ninguna» intervención en los expedientes que se pudieran tramitar. Por ello, la Fiscalía constata que la edil «no dicta ni una sola resolución -arbitraria o no- en los expedientes administrativos investigados ni, en consecuencia, que lo puede hacer a sabiendas de su injusticia».

Además, el Ministerio público sostiene que las entidades sobre las que se investigan subvenciones « no se beneficiaron específicamente de un trato de favor especial , sino que sus subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades» con un procedimiento que, al parecer del fiscal, no era arbitrario.