Nuevo frente judicial para Colau: denuncia por amiguismo en la bolsa de trabajo municipal
Una asociación presenta un recurso contencioso-administrativo para suspender la adjudicación de plazas a 17 cargos de confianza de la alcaldesa
Los enchufes de Colau, en el centro de su viacrucis judicial
Nuevo frente judicial para Ada Colau . La Associació de Juristes Constitucionalistes per les Llibertats ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra un proceso de selección del Ayuntamiento de Barcelona tras la contratación de 17 cargos de confianza de la alcaldesa .
En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, la asociación solicita la suspensión de este proceso selectivo, así como la asignación de las plazas, al considerar que en el mismo se comitieron irregularidades, como la falta de imparcialidad de los integrantes del tribunal de selección .
Entre otros motivos, porque existía subordinación jerárquica entre la comisión de selección y los órganos de dirección política del Ayuntamiento , es decir: algunos de los aspirantes admitidos en dicho proceso de selección.
«El carácter de servicio de la administración ejecutiva respecto a los órganos de dirección política no garantiza la imparcialidad que impone el Estatuto del Empleado Público a los integrantes de dichos órganos de dirección», reza el recurso, que argumenta que así se incumplen los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública .
La demanda de la asociación también indica que este proceso selectivo supuso una quiebra del principio de abstención y una infracción de los principios éticos y reglas de conducta a los que se encuentran sujetos los integrantes de la comisión de selección, al ser personal del Consistorio de Barcelona.
Entre los 17 cargos que superaron el examen de la bolsa de trabajo, se encontraba el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia quien, tras la polémica suscitada por dicho proceso, hizo pública su renuncia. También Ancor Mesa, consejero del distrito de Sants-Montjüic; Vanessa Valiño, directora del Gabinete de la Concejalía de Vivienda; y el jefe de gabinete de Badía, Enrique Gornés, así como varios cargos de los comunes.
«La admisión al proceso selectivo de estas personas directamente vinculadas con la formación del consistorio de Barcelona constituye una grave vulneración del principio de igualdad en el acceso a cargos públicos expresamente previsto por la Constitución», alega la asociación en su recurso, en el que también expone que los cargos admitidos «disponen de información privilegiada, directamente vinculada al puesto de trabajo ofrecido en la bolsa, y al que aplicaron».
Por todo ello, desde la Associació de Juristes Constitucionalistes per les Llibertats reclaman la nulidad de las resoluciones municipales del 7 y del 11 de marzo pasados, en las que se aprobó la designación de los miembros de la comisión de selección y la lista definitiva de admitidos -y excluidos-.
Junts y el Síndic
Esta demanda, pendiente de ser admitida o no a trámite, se une a las críticas de UGT a este proceso de ampliación de las bolsas de trabajo municipales. Una convocatoria que contó con 16.000 aspirantes, aunque solo se presentaron la mitad, y unos 5.000 aprobaron. El sindicato criticó entonces que «la celeridad sorprendente» de un nuevo proceso de ampliación, cuando todavía faltan por resolver los procesos de oferta pública del año pasado, donde hubo exámenes con 90 temas, que tuvieron que estudiar.
Además, Junts per Catalunya ha presentado el caso ante el Comité de Ética del consistorio y ante el Síndic de Greuges al considerar que existen dudas razonables en dicha contratación. «No es una persona ni dos, son 17, que es un número importante de cargos políticos de confianza de Ada Colau, y que están en lugares estratégicos de BComu y del PSC», señaló Jordi Martí , portavoz del partido en el consistorio.
Subvenciones
Por otra parte, este jueves, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido archivar provisionalmente la causa que investiga subvenciones presuntamente fraudulentas del Ayuntamiento de Barcelona a entidades sociales.
En su escrito, el fiscal se opone al sobreseimiento libre que había reclamado la defensa de Colau , pero pide al juez que dicte el sobreseimeinto provisional de la causa. En esta causa, el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona investiga la edil por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias.
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