La Fiscalía denuncia la incineradora de residuos de Sant Adrià por el «grave riesgo» para la salud de sus emisiones
La demanda señala a un concejal de Barcelona como presunto responsable por delito ecológico
Investigación abierta por la supuesta contaminación de la incineradora de Sant Adrià del Besòs (Barcelona). La Fiscalía ha presentado una denuncia contra el presidente de la empresa pública Tersa, que gestiona la planta de residuos, y concejal de Barcelona, Eloi Badia, así como contra el jefe de explotación de la compañía por un presunto delito ecológico. Vecinos de la instalación llevaban tiempo denunciando los efectos que sufrían por ello.
La demanda, que ha sido aceptada por un juzgado de Badalona y que ahora se puede extender a más cargos de la compañía, apunta a que la planta presuntamente emitió gases contaminantes que supusieron «un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas« que viven en sus entornos.
Además, el escrito considera que tanto Badia como el jefe de explotación «habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental aplicable«, sostiene la fiscal.
El caso llegó a la Fiscalía después de que la coordinadora vecinal Airenet denunciara en 2018 ante este órgano el presunto mal funcionamiento de la planta y sus «prácticas irregulares». La plataforma aseguraba que se estaban registrando en la zona unos niveles de emisiones contaminantes muy «elevados» de los que ya alertaban artículos en publicaciones científicas. La Fiscalía ahora ve indicios que puedan acreditarlo.
Su investigación va en la línea de que la empresa no estaría controlando correctamente la temperatura de incineración de los residuos conforme a la legislación ambiental, como también detectó una inspección de la Generalitat en 2018. Al parecer, las instalaciones no cuentan con un sistema validado para determinar la temperatura y por este motivo se estarían emitiendo compuestos contaminantes que traspasarían los límites permitidos.
Informes desconocidos
Además, y según la autorización ambiental que se le concedió en 2007, la empresa debía entregar cada año a la Generalitat un informe sobre el cumplimiento de los valores límites de emisión e informar en caso de sobrepasar los topes. Los investigadores no han podido encontrar estos informes , relata la fiscal: por ello, también pide que se ordene a la Generalitat aportar los datos de emisión contaminantes sobre la incineradora para seguir con el proceso.
Tersa está participada por el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la empresa municipal B:SM, y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
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