Escuela para Todos acusa al Govern de presionar a los docentes para que se pronuncien contra el fallo del 25%
La plataforma denuncia la «instrumentación política de los claustros y de los consejos escolares» que aprueban manifiestos contra la sentencia que obliga a impartir más castellano y pide a la Alta Inspección que investigue
La plataforma Escuela de Todos , integrada por una veintena de entidades y creada con el objetivo de forzar la aplicación de la sentencia del pasado diciembre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25 por ciento de las clases en castellano en Cataluña, ha denunciado en un comunicado las presiones a docentes por parte de la Generalitat para que incumplan la sentencia y advierte de que el responsable de la ejecución de la misma, que pone fin a la inmersión lingüística en catalán, es el Govern.
En su escrito, remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ; al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés ; a las Cortes Generales, al Parlamento de Cataluña, al Defensor del Pueblo, al Síndic de Greuges, a los presidentes del Parlamento y de la Comisión de la Unión Europea y al Presidente del Consejo de Europa, la plataforma denuncia la instrumentalización política de los claustros y consejos escolares por parte del gobierno catalán y advierte - en relación al anuncio de ayer por parte del Govern de que emprendería acciones contra las entidades o personas que ataquen al catalán- de que « las amenazas del Gobierno de la Generalitat no limitarán nuestra voluntad de denunciar la vulneración de los derechos fundamentales».
La Generalitat aprobó ayer un acuerdo destinado a la defensa del catalán en el entorno educativo en el que, según denuncia la plataforma, «trasladaba la responsabilidad del incumplimiento de las normas y de las resoluciones judiciales a los empleados públicos a los que el Gobierno pretende garantizarles su seguridad jurídica con la apelación al principio de indemnidad». «Al mismo tiempo, -añade Escuela para Todos- aprovecha el comunicado para advertir de que exigirá responsabilidades de todo tipo (políticas, penales….) a las personas o entidades que ellos consideren que atacan a otras personas o colectivos por la defensa y el uso del catalán».
«Es desolador que el Gobierno catalán trate de amparar a los desobedientes y vierta amenazas de represalias sobre los que denuncien las irregularidades. Dicho lo anterior, no nos arredramos y por ello consideramos conveniente advertir sobre las graves disfunciones democráticas que se aprecian en el funcionamiento del propio Gobierno de la Generalitat y en el caso que ahora nos ocupa, de los órganos colegiados de algunos centros educativos catalanes», expone en su nota la Plataforma, integrada, entre otras entidades por la Asamblea para una Escuela Bilingüe (AEB).
Mociones críticas con la sentencia
Advierte, asimismo, de que «en las últimas semanas, varios claustros y consejos escolares de centros educativos de Cataluña han adoptado mociones críticas con la sentencia del TSJC que establece la necesidad de que todos los alumnos catalanes reciban un mínimo de un 25 por ciento de la enseñanza en castellano». «En algunas de esas mociones -añade- se acuerda de manera expresa desobedecer la mencionada sentencia y mantener los proyectos lingüísticos de centro que excluyen el español como lengua de aprendizaje».
A jucio de la plataforma, «el debate y la aprobación de estos manifiestos en los claustros y consejos escolares no solamente es ilegal, sino que supone la quiebra de principios democráticos básicos y la instrumentalización de la administración pública , una inadmisible presión sobre los profesionales de la enseñanza y la utilización política de los menores».
«Estos manifiestos son ilegales y suponen la quiebra de principios democráticos básicos en tanto en cuanto declaren que no se obedecerán las sentencias judiciales; sentencias judiciales que, además, lo que hacen es declarar que el régimen relativo a los idiomas que se aplica en la escuela no es compatible con la Constitución y supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos», apunta la plataforma.
Recuerda, por otro lado, que «una administración pública, como son los centros educativos dependientes de la Generalitat, no puede actuar al margen o en contra de lo que establece la Constitución, no puede desobedecer o animar a la desobediencia de las decisiones judiciales o las leyes». Por este motivo, precisa la plataforma, « ninguna declaración ni del claustro ni del consejo escolar puede deslegitimar decisiones judiciales , animar a su desobediencia o dar por bueno el incumplimiento de la Constitución o de las leyes».
Obligan a los empleados a pronunciarse
Escuela para Todos acusa también a la administración autonómica de «obligar a los trabajadores públicos a pronunciarse públicamente sobre un tema de carácter político en el que hay una toma de partido clara por parte de las autoridades que dirigen la administración en la que desempeñan sus funciones las personas llamadas a debatir y votar los mencionados manifiestos».
«El debate y votación de los manifiestos es, por tanto, una vulneración del derecho a la libertad ideológica, que incluye el de no manifestar ésta más que cuando así lo desea el individuo (art. 16.2 de la Constitución)», aclara en su nota.
A juicio de la plataforma, la situación es aún más grave porque el incumplimiento de la sentencia se debate en los consejos escolares. «Estos consejos, además de estar integrados por miembros del equipo directivo, representantes de los ayuntamientos y de las familias y profesores; también integran a alumnos de secundaria (art. 2.5 del Decreto 317/2004, de 22 de junio , por el que se regulan la constitución y composición del consejo escolar, la selección del director o directora y el nombramiento y cese de los órganos de gobierno de los centros docentes públicos), pudiendo participar, incluso, alumnos que cursen primero o segundo de ESO, y sin que se descarte la participación con voz y sin voto de alumnos de tercer ciclo en los colegios de educación infantil y primaria; esto es, niños de entre 10 y 12 años ».
«Los manifiestos animan directamente a desobedecer la sentencia y tienen un contenido claramente político y resulta de todo punto inapropiado que sean debatidos en órganos en los que participan alumnos menores de edad», apunta la plataforma. Por este motivo, exige el « cese inmediato de estos manifiestos de carácter político en los claustros» y pide que la Alta Inspección investigue «esta inadmisible instrumentalización de los centros educativos».
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