La escuela catalana lleva a las calles de Barcelona su grito unánime contra la política de la Generalitat

A solo unos días de que expire el plazo para que la Generalitat acate la sentencia que le obliga a impartir un 25 por ciento de las clases en castellano en todo el sistema educativo, el departamento que dirige Josep Gonzàlez-Cambray se enfrenta a uno de los plantes más multitudinarios que se han vivido en el mundo educativo en los últimos años.

Cerca de 22.000 personas, según la Guardia Urbana, cerca de 40.000 según los sindicatos, salieron hoy a la calle para expresar su oposición a las últimas medidas impulsadas por el consejero, entre ellas la modificación del calendario escolar , el nuevo decreto de currículo, la incertidumbre sobre cómo va a aplicarse la s entencia del 25 por ciento , y la exigencia de un mayor dominio del catalán a los profesores . La manifestación, a la que precedieron piquetes en algunos centros y que paralizó durante unas horas el tráfico en una de las arterias principales de entrada en la ciudad, fue la punta de lanza de una serie de paros -cinco en total (los días 15, 16, 17, 29, 30 de marzo)- convocados por los principales sindicatos de docentes(USTEC·Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, CGT y Usoc) y secundados por el grueso de la comunidad educativa.

Abanderada por una pancarta con el lema 'Basta improvisaciones y basta recortes. Por una educación pública de calidad', la protesta recorrió la avenida Diagonal de Barcelona y acabó en la sede de la consejería de Educación, donde se vivieron momentos de tensión y algún forcejeo con los agentes que estaban custodiando el edificio. El consejero accedió a reunirse con representantes sindicales pero no hubo acuerdo. Mientras se producía la reunión, frente a las puertas del departamento, los concentrados exigían la dimisión de González-Cambray, y la portavoz del Govern, Patricia Plaja en la sede de la Generalitat, reclamaba a las centrales que volvieran a la mesa de diálogo.

Al salir de la reunión, los sindicatos han explicado que ante la falta de respuesta del consejero han decidido abandonar el encuentro y han pedido una reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para desbloquear el conflicto .

La jornada de hoy, la que se prevé más multitudinaria, ha sido arropada por profesores y directores de la educación pública, la escuela concertada, el personal laboral, el de apoyo educativo y el sector de los comedores escolares, y ha tenido un impacto del 60 por ciento en los centros públicos, según los sindicatos, cifra que la Generalitat reduce a un 30 por ciento. En la escuela concertada el apoyo al paro ha sido menor (de un 8,5 por ciento). El seguimiento ha sido desigual, según los centros. En el colegio Ferran Sunyer, ubicado en el barrio de Sant Antoni de Barcelona, la mayoría de los profesores han ido a la huelga, mientras que en otros centros de Tarragona y Lérida el impacto del paro ha sido sensiblemente menor.

Cansados de soportar las improvisaciones del consejero desde hace meses, los docentes han dicho basta a la consejería. La gota que ha colmado el vaso ha sido la modificación del calendario escolar, que supone avanzar la vuelta de las vacaciones estivales al 5 de septiembre y fijar jornada intensiva para los docentes durante todo ese mes . Los profesionales de la educación acusan a la Generalitat de no consensuar la medida y de lanzarla sin tener en cuenta el impacto que puede tener en las condiciones laborales del profesorado. Subrayan, sin embargo, que el calendario es solo uno de los motivos que les han llevado a la calle. La falta de acuerdo en el redactado del nuevo currículo que se aprobará para el curso próximo, la infrafinanciación del sector, la falta de información sobre cómo va a afectar a los centros la sentencia del 25% del castellano o la falta de profesores para aplicar el plan de refuerzo del catalán , también están tras este plante histórico.

Teresa Esperabé , portavoz de CC. OO. ha calificado la manifestación de histórica y ha afirmado que no pueden «admitir la manera con que trabaja la consejería, con imposiciones, cada mes anunciando una medida sin negociar» y ha pedido la dimisión del consejero o que cambie su manera de trabajar, informa Ep. Por su parte, Luard Silvestre , representante de Intersindical-CSC, ha destacado que, tras dos años de pandemia, el departamento está «empeorando la situación» y ha exigido negociación inmediatamente.