Doscientos profesores acusan a los rectores catalanes de someter los campus al nacionalismo
Universitaris per la Convivència denuncia el «deterioro de las libertades públicas» en las universidades catalanas y recrimina a los rectores su inhibición ante situaciones como la violenca y la imposición lingüística en los campus
La plataforma constitucionalista Universitaris per la Convivència (UpC), que agrupa a doscientos profesores, ha denunciado en una carta abierta el « deterioro de las libertades públicas en los campus catalanes» y ha reclamado a las universidades públicas catalanas, representadas en la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), «responsabilidades en este deterioro, por acción y por omisión».
La plataforma alude en la carta a los episodios de violencia contra estudiantes constitucionalistas en las instalaciones universitarias por cuestiones ideológicas; a los manifiestos partidistas suscritos por los propios centros que vulneran el principio de neutralidad ideológica; y a la reciente campaña impulsada por el gobierno catalán para 'catalanizar' los campus « fiscalizando la lengua de docencia para asegurar la hegemonía del catalán».
« La libertad ideológica y la libertad de expresión de sus profesores y alumnos están siendo lesionadas una y otra vez por las declaraciones institucionales de contenido partidista emitidas por los órganos de gobierno y de representación de nuestras universidades, y por la propia ACUP», denuncia la plataforma. Recuerda en este sentido que «tres universidades catalanas -la Universidad de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra (UPF) y la Oberta de Cataluña (UOC)- han sido ya condenadas en sede judicial en los dos últimos años por esta razón y otra más -la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)- lo fue por violar esos mismos derechos de un grupo de estudiantes constitucionalistas, al negarse injustificadamente a inscribir su asociación en el Directorio de colectivos». «En la misma línea -añade- también se ha manifestado el Defensor del Pueblo en una resolución inequívoca y centenares de docentes catalanes y del resto de España en cartas y manifiestos promovidos por el Foro de Profesores », añade.
Universitaris per la Convivència señala que «las decisiones judiciales, las resoluciones del Defensor del Pueblo y las cartas de protesta no hacen sino invocar un principio innegociable en cualquier democracia, el de la neutralidad ideológica de las instituciones públicas, cuyo respeto es tanto más perentorio si se trata de instituciones educativas».
«No debe promover una u otra ideología»
La plataforma recuerda que «no corresponde a la universidad promover una u otra ideología, ni adherirse a una u otra causa partidista , y por eso sus gestores y representantes no son elegidos por la que puedan tener, sino para defender intereses y acometer proyectos de carácter académico. No deben hablar, políticamente, en nuestro nombre».
En esta línea, a UpC le sorprende «la falta de preocupación de la ACUP» ante las «frecuentes vulneraciones de las libertades fundamentales». «Sorprende que la ACUP no muestre preocupación alguna por el hecho de que las universidades que la integran violen con tanta frecuencia libertades públicas tan fundamentales».
«En todo caso, -añade en la carta de la plataforma- incluso si la ACUP no estuviera de acuerdo con la motivación de las sentencias y requisitorias que censuran el comportamiento de los rectores y de los claustros, un mínimo deber de lealtad democrática requiere que tales decisiones sean acatadas y que se obre en consecuencia y se abandone la práctica de apoyar institucionalmente las ideas de unos en detrimento de las de otros».
Agresiones por motivos ideológicos
Universitaris per la Convivència advierte, al mismo tiempo, que «la libertad de reunión y la de manifestación se están viendo afectadas por la pretensión de ciertos sectores del movimiento estudiantil de monopolizar el espacio público universitario , expulsando de él a todos los que piensan de otro modo». Cita como ejemplo los hechos que tuvieron lugar en la UAB el pasado 6 de octubre, cuando un numeroso y violento grupo de estudiantes «hostigó durante horas a otro grupo de estudiantes constitucionalistas de S'ha Acabat! , que pacíficamente trataba de dar a conocer sus ideas, hasta que, por fin, y por la fuerza bruta, destrozaron su carpa».
«Los testimonios gráficos de aquellos tristes acontecimientos del 6 de octubre son incontestables y la ACUP no los puede ignorar . Aun así, ni los responsables de la UAB ni la propia ACUP, tan aficionada a los comunicados, han considerado necesario emitir uno de condena», denuncia la entidad.
Por último, UpC advierte de que « la libertad lingüística , o el derecho de todos a expresarse y comunicarse con los demás en cualquiera de nuestras lenguas, está hoy también amenazada » en relación con el plan de la Generalitat de 'catalanizar' la universidad -conseguir que ocho de cada diez grados y másteres sean en catalán- y fiscalizar el uso docente de las lenguas.
«Durante décadas, alumnos y profesores nos hemos expresado con plena libertad en las aulas en castellano y en catalán. Nadie podrá acreditar quejas razonables y significativas al respecto, porque no las ha habido. Sin embargo, ahora resulta que se quiere crear un problema donde no lo había», señala la carta. «En el nombre de los principios de 'transparencia' y 'seguridad' lingüística, se fomenta la delación y la investigación, en definitiva, la intimidación de quienes se atreven a usar en clase, siquiera sea puntualmente y en atención a sus alumnos, una lengua distinta de la anunciada», apuntan los firmantes de la cart a.
La plataforma constitucionalista subraya que «las normas estatales y autonómicas nos dan a los estudiantes y profesores universitarios el derecho a expresarnos en la lengua oficial de nuestra elección» y que « en Cataluña, la gran mayoría de los estudiantes y profesores universitarios se maneja con soltura en ambas lenguas y cambia con toda facilidad de una a otra ». Añade otras consideraciones como que «nadie tiene el derecho de exigir a los otros que se expresen en una u otra lengua, que la lengua mayoritaria de los catalanes es el castellano, y que la lengua catalana es no solo plenamente respetada y normalmente usada en la universidad, sino claramente dominante en su comunicación institucional».
Poner en riesgo «la seguridad lingüística»
UpC acusa a las universidades públicas de «poner en riesgo esa seguridad lingüística» al suscribir el documento «Compromiso contra la crisis educativa» , el que se marcan como objetivo el alcanzar un 80 por ciento de docencia en catalán en las universidades. Les recuerda que «la lengua española, además de ser de todos los catalanes, es la que hablamos y escribimos cotidianamente muchos de nosotros y la que, junto con el inglés, nos permite la comunicación científica y académica nacional e internacional; la que, hay que repetir, convive con la lengua catalana sin más problemas que los que crean las autoridades. Es, además, la lengua que abre nuestras universidades al mundo hispanoamericano, del cual proviene buena parte de nuestros estudiantes de postgrado, y la que atrae a Cataluña a miles de estudiantes europeos cada año».
La plataforma advierte de que esa meta marcada por las autoridades académicas «de muy difícil consecución , sería gravemente lesiva para nuestras universidades, porque las aislaría de las del resto de España y del mundo ». «Hoy, en Cataluña, el poder aspira a convertir a la entera universidad catalana en un eslabón más de la cadena con la que pueda someter a toda la sociedad a la causa del nacionalcatalanismo. El precio, ya lo estamos viendo, es el de sacrificar las libertades públicas de los que discrepan de esa causa», denuncian los miembros de la plataforma.
Llegados a este punto, Universitaris per la Convivència advierte a los rectores de que « todavía están a tiempo de decidir si van a ser protagonistas de este empeño liberticida o si, de acuerdo con la dignidad de su cargo, van a enfrentarse a él, defendiendo los valores que han hecho de la universidad una institución esencial para cualquier comunidad democrática».
Asimismo, les recomienda que «relean un viejo texto que encontrarán del todo actual: el Manifiesto de la Capuchinada , de 1966, símbolo de la resistencia de profesores y alumnos catalanes contra el control que sobre la universidad quería seguir ejerciendo la dictadura, y salido de la pluma del mejor de nuestros filósofos contemporáneos, profesor que fue de la Universidad de Barcelona, Manuel Sacristán . En él puede leerse que la 'única exigencia de una Universidad democrática es que ningún centro universitario sea dominio de un grupo político, religioso o ideológico'». «En eso precisamente consiste su autonomía, en oponerse a ese dominio. De cada estudiante y de cada profesor depende que la autonomía universitaria siga vigente pero, sobre todo, depende de ustedes», concluyen.
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