CORONAVIRUS
La Generalitat se aferra al choque político y la confusión social con el desconfinamiento
Publica el informe Mitjà, que pide acceder a datos móviles y crear un carné de inmunidad
El gobierno independentista de la Generalitat de Cataluña mantuvo ayer la posición de confrontación con el Gobierno de España y tampoco desaprovechó la ocasión, cuando se dio a conocer oficialmente el informe con las recomendaciones de los expertos sanitarios de Quim Torra, para seguir creando cierta confusión entre la población. Este martes fue por las medidas para desconfinar a la ciudadanía.
Aunque tras la aprobación del estado de alarma las competencias para llevar a cabo el desconfinamiento –parcial o total– recaen en el Gobierno, el ejecutivo catalán ha insistido en que en los próximos días aprobará un plan que, tras pasar previamente por el Procicat, será el que se lleve a cabo en Cataluña , en el momento en que se ponga en marcha el desconfinamiento.
Este plan de la Generalitat se elaborará a partir del documento titulado «Herramientas y estrategias para el desconfinamiento durante el brote de coronavirus en Cataluña. Posicionamientos y recomendaciones de un grupo de expertos». Un texto conocido como informe Mitjà, pues es el doctor Oriol Mitjà (Hospital Germans Trias i Pujol) quien lidera el grupo de trabajo que asesora a la Generalitat.
De esta manera, si no hay cambios o rectificaciones, el gobierno catalán aprobará un plan de desconfinamiento que no podrá llevarse a la práctica, pues para ello deberá esperar que el Ministerio de Sanidad dé la orden para ello o, en su caso, retorne las competencias a los gobiernos autonómicos que tiene asumidas, en relación a la crisis sanitaria del Covid-19, desde el estado de alarma.
De todas formas, el informe Mitjà plantea aspectos a la Generalitat, para llevar a cabo el desconfinamiento, que están causando cierta polémica e incluso algunos son similares a los que los representantes regionales catalanes han criticado, en los últimos días, cuando el Gobierno –también en base a expertos sanitarios– los ha sugerido. Sobre todo, la monitorización personal de los ciudadanos a través de dispositivos móviles y la creación de un carné o pasaporte de inmunidad.
Meritxell Budó, portavoz del gobierno catalán, ha asegurado sobre estos asuntos que «no hay ninguna decisión adoptada» por parte del ejecutivo autonómico y que el informe Mitjà son recomendaciones que deben pasar, primero, por el Procicat. Sin embargo, sorprendió esta posición anunciada por Budó en rueda de prensa ya que, hasta la fecha, para argumentar todas las decisiones impulsadas o propuestas por la Generalitat durante la crisis del coronavirus se ha asegurado que el gobierno de Torra hacía lo que le recomendaban los expertos.
El informe Mitjà –tal y como apuntaba un informe previo publicado por ABC el 4 de abril– apunta la necesidad de que para que la administración sanitaria conozca «el efecto de la relajación del distanciamiento social», durante el desconfinamiento, es necesario recolectar datos personales de los ciuadanos «a través de un sistema robusto de información» que debe tener como fuentes de información los «datos del sistema de información de salud», los datos obtenidos mediante una aplicación móvil (de implantación voluntaria) y los «datos de operadores de redes móviles sobre movilidad e interacciones sociales».
De igual manera, el informe Mitjà también incluye el polémico pasaporte de inmunidad. Si bien es cierto que, debido a la polémica política por esta iniciativa ( en ERC son más reacios a esta medida que en JpC ), el documento lo recoge terminológicamente como acreditación de inmunidad. Pero cuyo efecto sería el mismo: una especie de carné o pasaporte que permitiera libertad de movimientos a las personas que lo obtuvieran ya que serían considerados «individuos inmunizados y no infecciosos».
Aunque Budó ha querido quitar hierro a esta medida contemplada en el documento de los expertos de Torra: « No hay una recomendación explícita de esta herramienta» , dijo. Lo cierto es que Mitjà recomienda que se valore esta posibilidad del pasaporte de inmunidad «para permitir un retorno seguro a la vida social y laboral, turística, educativa y de ocio».
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