El Constitucional anula la parte de la ley catalana de vivienda que limita los alquileres
El PP presentó un recurso al considerar que la normativa autonómica invade competencias del Estado
Cataluña saca adelante la ley que legitima la okupación
El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado la parte de la ley catalana de vivienda que regula el precio de los alquileres , al considerar que invade competencias del Estado. Una decisión por unanimidad del pleno del Alto tribunal este jueves, tras el recurso presentado por el PP.
Fue en septiembre de 2020 cuando el Parlament aprobó esta normativa, con el apoyo de ERC, Junts, los comunes y la CUP. En la práctica, obligaba a congelar o bajar el precio de los alquileres en áreas con «tensión» residencial de las 60 ciudades de la comunidad con más de 20.000 habitantes. Un requisito del que quedaban exentos todos aquellos arrendadores que ingresasen menos de 2.000 euros al mes.
Es decir, la norma fijaba que la Generalitat estableciera un «precio de referencia para los contratos de arrendamiento de vivienda sujetos al régimen de contención de precios regulado», partiendo de «los datos que constan en el Registro de fianzas de alquiler de fincas urbanas y de las características adicionales que se tienen en cuenta para calcular dicho índice en cada momento».
El fallo del Constitucional no afecta a los contratos firmados con anterioridad , por lo que solo será efectiva para los que se formalicen a partir de ahora. Es decir, el pronunciamiento de los jueces no es retroactivo.
La resolución del TC, cuyo ponente ha sido el magistrado Ramón Sáez, declara que son inconstitucionales y nulos once artículos de ley catalana de vivienda al considerar que suponen una invasión de la comunidad autónoma en las competencias del Estado, que están recogidas en un artículo de la Carta Magna -el 149.1.8-.
Contratación privada
Dicho texto reserva al Estado la fijación de las bases de las obligaciones contractuales, le atribuye la competencia para establecer los criterios de ordenación general del sector de la contratación privada en aquellos territorios autonómicos que cuenten con legislación propia.
La finalidad de la reserva estatal en materia de derecho de contratos se basa en la necesidad de garantizar un común denominador en los principios que deben regir las obligaciones contractuales, lo que se logra cuando las categorías generales son las mismas en todo el territorio nacional.
«Lo volveremos a hacer»
Tras conocer la decisión del Alto Tribunal, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha indicado: «Que nadie dude que lo volveremos a hacer: volveremos a regular los alquileres».
En una rueda de prensa desde el Parlament, junto a representantes de los cuatro partidos que apoyaron la ley, desde el sindicato han defendido que esta norma cuenta con un «amplio consenso social», ya que «fue apoyada por más de 4.000 entidades», y que « ha hecho bajar los precios y aumentado el número de contratos firmados . Todos los sectores que se rasgaban las vestiduras pensando que caería la oferta se han visto desmentidos».
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