El cabo de Llinars «manejaba la organización» de cultivo de marihuana
Los Mossos d'Esquadra aún investigan el crimen de un confidente por el que arrancó la investigación contra los policías locales detenidos en la 'operación Miranda'
Han sido 35.000 horas de trabajo de los investigadores durante 20 meses. Más de 600 horas de escuchas telefónicas y visionado de imágenes las 24 horas durante un año. Los Mossos d'Esquadra explotaron el 'caso Miranda' el pasado 26 de octubre. Una operación que arrancó tras la muerte a tiros de un confidente de la Policía Local de Llinars del Vallès (Barcelona), y que se ha saldado con 15 detenidos, entre ellos tres agentes y un cabo de ese cuerpo . Todos ellos integraban una organización dedicada al cultivo y venta de marihuana . A la cabeza, según sospecha el Cuerpo autonómico, se encuentra el cabo detenido.
«Al principio pensamos que él solo proporcionaba la seguridad a la organización, pero luego vimos que facilitaba franquicias de su marca a quien quería cultivar la droga en el municipio y le daba más rendimiento. Si dejaban de darlo, cambiaba de franquiciados», ha detallado este viernes el inspector Josep Antoni López Garzón, jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Norte.
Cada uno de estos franquiciados pagaba al policía a cargo de la organización una «tarifa plana» -entre 1.000 y -1.500 euros al mes- o bien un porcentaje de la recaudación por la droga. Según los investigadores, la banda habría operado al menos durante siete años, según sus propios integrantes indicaron en las conversaciones telefónicas intervenidas.
Era el cabo detenido el que «manejaba la organización», y decidía donde se ubicaban las plantaciones . En la treintena de registros se desmantelaron 11 en naves industriales y otras dos en casas aisladas de Piera y Corbera. Y es que como ha recordado López Garzón, «se está cumpliendo el aviso de que la marihuana provoca corrupción en todos los estamentos de la sociedad». Y es que en varios informes internos, los Mossos ya habían alertado de su impacto.
El inspector ha recordado que ni la propia policía catalana escapa a sus tentáculos, y es que tres mossos de Santa Coloma de Farners (Gerona) también fueron detenidos el pasado año tras el chivatazo de un narco. La División de Asuntos Internos (DAI) los suspendió de empleo y sueldo, y así continuarán hasta que haya una resolución judicial.
La marihuana corrompe
«Este tipo de organizaciones criminales no tienen ningún tipo de reparo y contaminan parte de las instituciones de nuestro país», ha insistido López Garzón. En este caso, que los sospechosos fuesen policías dificultó más la investigación, de la que su responsable ha celebrado el «hermetismo» con el que se desarrolló.
La intención era detener a los cuatro agentes de Llinars cuando estuviesen fuera de servicio, pero resultó que uno de ellos sí se encontraba en comisaría cuando se explotó la operación. Allí se vivieron momentos tensos. «Dos cuerpos de policía armados no era el mejor escenario», ha indicado el inspector. Fueron efectivos del Grupo Especial de Intervención (GEI) los encargados de hacerlo, no sin algún incidente por parte del agente sospechoso, que López Garzón ha tildado de «perfomance», aunque se ha negado a aportar más detalles.
Pese al balance de 100.000 plantas de marihuana incautadas y 118.000 euros intervenidos, la investigación continúa abierta, y es que todavía no se ha imputado a nadie la muerte a tiros del confidente -también lo fue de los Mossos - en un área de descanso en diciembre de 2019. Junto a él se encontraba el cabo detenido, al que salvó su chaleco antibalas. La investigación, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 4 de Granollers, sigue bajo secreto.
Los 15 detenidos están acusados de delitos contra la salud pública, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, robo con fuerza, torturas, falsedad documental, detención ilegal y pertenencia a organización criminal. Nueve de ellos -tres policías- se encuentran en prisión provisional.
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