El Ayuntamiento de Barcelona impide que un guardia urbano use el castellano en un proceso de selección

El policía solicitó expresarse en esta lengua cooficial durante el examen para ascender de cabo a sargento y el tribunal se lo impidió

Ahora un juzgado de Barcelona estima el recurso del afectado y ordena que se repita la prueba

Un agente de la Guardia Urbana regula el tráfico en Barcelona / URBANA

Elena Burés

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Varapalo judicial al Ayuntamiento de Barcelona por impedir utilizar el castellano a un agente de la Guardia Urbana durante el proceso de selección para ascender en el Cuerpo. Así lo refleja la sentencia de un juzgado de Barcelona que estima el recurso del policía y anula las pruebas al considerar que existió discriminación hacia el urbano.

Según el fallo del Juzgado Contecioso 4 de Barcelona , al que ha tenido acceso ABC, el afectado optó a unas de las 50 plazas para ascender de cabo a sargento, pero durante la prueba oral, cuando solicitó expresarse en castellano, se le denegó. Así lo corroboró un observador sindical que estuvo presente en la misma.

Así, la magistrada Rosa María Muñoz Rodón estima el recurso del afectado y rechaza los argumentos del Ayuntamiento sobre que el agente no superó la prueba por su capacidad tras la evaluación del tribunal calificador. Además, detalla que en un informe aportado se indica que «la entrevista se realizaba en catalán y que las respuestas podían ser en catalán o castellano y que el interesado solicitó hacer la entrevista en castellano», aunque se le negó dicha posibilidad.

Por este motivo, la juez ordena citar de nuevo el urbano para repetir la prueba en la lengua cooficial que escoja, «de la misma forma que se ha dado dicha opción a otros aspirantes en el proceso de selección interna». El fallo anula así el 'no apto' que obtuvo el policía y además condena en costas al consistorio, por lo que tendrá que abonar unos 250 euros.

«Vulneración de derechos»

Desde el sindicato CSIF, del que es afiliado el recurrente, Eugenio Zambrano señala que el Gobierno municipal ha vulnerado los derechos del agente. «Esto no es una cuestión de política lingüística, sino de ser rigurosos con el principio de legalidad al que está sometido la administración y que cumplan con los derechos que tienen los trabajadores».

El aspirante escogió el castellano, a pesar de dominar también el catalán, porque en dicha lengua se expresa mejor en «cuestiones técnico-policiales», lo que resultaba vital para superar el examen, indican desde CSIF. La sentencia ya es firme porque el Ayuntamiento no la ha recurrido.

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