Antifraude califica de «temeridad» que la Generalitat pagase por adelantado 35 millones de material sanitario
El Govern avanzó el pago de mascarillas y respiradores a la empresa Basic Devices SL en plena emergencia sanitaria
La Sindicatura de Cuentas detecta irregularidades en la contratación de la Generalitat durante el Covid en 2020
Ocurrió en plena emergencia sanitaria. Para adquirir mascarillas y respiradores , la Generalitat avanzó un pago de 35 millones de euros a una empresa no inscrita en la Seguridad Social y sin la garantía de que cumpliría el encargo, lo que la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) califica ahora de «acto de temeridad, que supuso asumir un riesgo no controlado».
Los hechos se remontan al 19 marzo de 2020, cuando estalló la pandemia. El Instituto Catalán de la Salud (ICS), entonces con Josep Maria Argimon al frente -ahora consejero de Salud-, contrató por el trámite de emergencia la compra de material sanitario a Basic Devices SL por valor de 60,6 millones de euros.
Al día siguiente, el Departamento de Economía y Hacienda formalizó el pago de 35 millones y, esa misma tarde, la consejería presentó una denuncia ante los Mossos d'Esquadra por una tentativa de estafa .
Tres días más tarde, el 23 de marzo, el propio Govern retiró la denuncia, ya que responsables de la contratista les habían aportado información, considerada «suficiente» para rechazar que tras la transacción hubiese indicios de estafa .
Así fue como ya en mayo, el ICS desistió parcialmente del contrato de emergencia suscrito con Basic Devices, y el importe del mismo se redujo a 35 millones -es decir, el precio que ya se había abonado-. A finales de año, el Govern manifestó haber recibido todo el material que había comprado .
Según apunta ahora Antifraude, la empresa no constaba en el registro público de contratos de la Generalitat, es decir, el Ejecutivo catalán no tenía «referencias previas» sobre ella, y además apunta que el encargo por el trámite de emergencia no fue «transparente» .
Además, indica el organismo, Basic Devices no estaba inscrita como tal en la Seguridad Social, lo que podría suponer un incumplimiento de la ley de contratos de las administraciones públicas . También señala que el pago de 35 millones que efectuó la Generalitat se realizó «sin amparo legal» -no constaba en el decreto ley de medidas urgentes por el Covid, y se introdujo días después de abonar dicha cantidad-.
Por todo ello, Antifraude da 30 días al Govern para que informe al respecto de estas cuestiones para valorar así la congruencia del contrato.
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