Una circular interna de la Guardia civil, nuevo paso para su repliegue en Cataluña

Es la Policía catalana la que ostenta las competencias en seguridad ciudadana y por ello la directriz, fechada el pasado 7 de marzo, indica a los Tedax que, a excepción de áreas restringidas de puertos y aeropuertos, edificios oficiales bajo custodia de la Guardia Civil, y mar territorial, en caso de avisos de bomba tendrán que intervenir los Mossos.

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También ante explosivos improvisados o artefactos simulados y «hallazgos fortuitos» de munición de guerra. Eso sí, si concurren razones de «urgente necesidad», la Benemérita, «excepcionalmente», podrá actuar, reza el texto oficial. Si la alerta hace referencia a munición de guerra, pero inerte, apunta la orden, actuarían los Tedax del Instituto Armado, al ser materia de Armas y Explosivos. Área que también engloba la tenencia ilícita de munición, pero la directriz señala ahora que «actuaría el Cuerpo que tenga conocimiento» del delito. En caso de ser los Mossos, deberán comunicarlo a la Guardia Civil para la «gestión de depósito de la munición».

Para algunas asociaciones de agentes, como Jucil o AUGC, la supresión del Gedex en Lérida responde a una «expulsión soterrada» de la Guardia Civil de Cataluña. Un paso más en su supeditación a los Mossos, temen, por posibles motivos políticos. Recuerdan además el malestar que causó el anuncio de que sería el Servicio Marítimo del Cuerpo catalán el encargado de diseñar el dispositivo de seguridad de la Copa América de Vela.

Un anuncio del Departamento de Interior que luego enmendó la Delegación del Gobierno, al puntualizar que «todavía no se había diseñado» el despliegue. Para calmar los ánimos, un comunicado subrayó que «en ningún caso» se iba a producir una «cesión o invasión» de competencias, «tanto en tierra como el mar».

Ahora, desde el ministerio subrayan a este diario que la disolución de equipo del Tedax en Lérida es una decisión operativa de la propia Guardia Civil. Una reorganización para reforzar otros grupos que tienen más actividad. Es decir, nada que ver con motivaciones políticas.

Por su parte, desde la consejería de Joan Ignasi Elena no entran a valorar la decisión, que entienden como propia del Cuerpo. Sobre las competencias de los Mossos, recuerdan que son la Policía integral de Cataluña y, por tanto, que lo lógico es que ejerzan como tal.

Un proceso gradual, el del repliegue de la Benemérita en la comunidad, que tomó impulso en 1996, con los Pactos del Majestic, cuando José María Aznar acordó con Jordi Pujol la transferencia de las competencias en materia de tráfico a la Generalitat, a cambio de que CiU facilitase su investidura como presidente del Gobierno.

La ley se aprobó un año después, y los Mossos fueron asumiendo dichas funciones de forma progresiva, hasta que en el 2000 se completó el traspaso en Barcelona y Tarragona. El penúltimo agravio para los agentes, el despliegue de la Policía marítima del Cuerpo catalán.