Suben las víctimas de violencia de género en colectivos vulnerables, mientras disminuyen las llamadas al 016

H. DÍAZ

26/11/2019
Actualizado a las 10:10h.

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Mujer de entre 31 y 45 años perteneciente a colectivos vulnerables y ubicada en el medio urbano. Esa es la fotografía fija que deja a día de hoy deja la violencia de género en Castilla y León, a juzgar por los 2.789 expedientes activos que maneja la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a raíz de los informes realizados por los coordinadores de cada caso, que ayudan en la atención de las víctimas.

Su máxima responsable, Isabel Blanco, aprovechó ayer la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género para presentar un pormenorizado informe de la situación actual antes de presidir la reunión de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León. Según esa radiografía, llama la atención el incremento en 10 puntos de las víctimas pertenecientes a colectivos considerados como «vulnerables» en el último año, representando a tres de cada diez mujeres que tienen abierto un expediente (un 36,35 por ciento). En concreto, las víctimas inmigrantes pasaron del 15,4 a casi el 21 por ciento; las pertenecientes a minorías étnicas del 3 al 4,23; las afectadas por problemas de drogodependencia, del 2,8 al 3,94, y las víctimas afectadas por algún tipo de discapacidad, del 5 al 7,28 por ciento.

Crecieron también en 2019 el número de los citados expedientes al pasar de los 1.834 activos en 2018 a los 2.789 (algo más de un 52 por ciento), según cifró la consejera, quien puso el foco en las mujeres del medio rural y los jóvenes, colectivos a los que se quieren dirigir de manera prioritaria las nuevas campañas de sensibilización lanzadas a raíz con el fin de aflorar «casos ocultos» y raíz del cambio de tendencia percibido por la Consejería durante último año.

Entre los datos que avalan ese cambio de tendencia, la demanda de asesoramiento jurídico. De las 79 mujeres que precisaron este apoyo brindado por las corporaciones locales, 58 de ellas vivían en el medio rural, cuando en 2018 sólo fueron ocho las mujeres de los pueblos que requirieron este tipo de asesoramiento. Algo parecido ocurrió con las víctimas atendidas por Cruz Roja en virtud del convenio que tiene con la Consejería. Fueron un total de 128 mujeres, 95 en ciudades y 33 en pueblos, si bien estas últimas fueron nueve más que hace sólo un año.

Este cambio de tendencia queda también reflejado en el perfil por edad de los expedientes abiertos porque si bien el número de víctima sigue siendo mayoritario entre los 31 y 45 años, los datos reflejan un ligero incremento en el grupo de edad comprendido entre los 46 y 64 años (del 26 al 26,35 por ciento) y los mayores de 65 años (del 4,48 al 4,84). Sin embargo, esta percepción no queda tan expuesta en los expedientes activados, ya que si el año pasado estaba más equilibrado entre el ámbito urbano y rural, un 58,5 y 4,8 por ciento respectivamente, en los últimos datos recogidos algo menos de un 25 por ciento en los pueblos, lo que la consejera atribuyó a que aún hay miedo a denunciar en el ámbito rural y de ahí la necesidad de campañas como las que la Consejería ha puesto en marcha.

El tipo de violencia también se acentuó respecto a 2018. Si hace un año el 45% de las víctimas había sufrido violencia física y psicológica a la vez, ese porcentaje se ha incrementado en 13 puntos en los datos presentados en el Observatorio, pasando las maltratadas psicológicamente del 27 al 28,68 por ciento, mientras que la de violencia sexual del 8 al 12,15 por ciento.

La consejera recordó que Castilla y León es una de las comunidades que enmarca las agresiones sexuales dentro de la violencia de género, algo que se reclama al Gobierno a raíz de casos como el de Diana Quer o la zamorana Laura Luelmo. En el último año, se abrieron un total de 33 procedimientos penales relacionados con agresiones sexuales frente a los 14 del anterior, «se ha multiplicado más del doble», alertó Isabel Blanco.

Quiso también poner el foco la consejera en el descenso experimentado por las llamadas al 016, al pasar de 2891 a 2344, casi un 20 por ciento menos, una bajada que aunque desde la Consejería no aciertan a explicar insisten en la importancia de concienciar a las mujeres de la utilidad de esta herramienta que no deja rastro en la factura telefónica, aunque sí es necesario borrarla desde el historial de llamadas.

El informe que ayer se presentó e incluye también otros datos de la Memoria de la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, en el ámbito judicial hay contabilizadas en el primer semestre un total de 2.569 denuncias, con 505 órdenes concedidas de las 709 solicitadas. Asimismo, actualmente cuentan con protección policial un total de 1.218 mujeres.

La consejera incidió en el compromiso del Gobierno regional para luchar contra la violencia de género, un asunto en el que «todos debemos estar implicados». Así, enmarcó en ese compromiso el incremento del número de plazas de emergencia para atender a las víctimas, que tiene previsto extender a todas las provincias antes de que termine la legislatura. Hasta el tercer trimestre de 2019 un total de 140 mujeres y 79 menores fueron atendidos en los tres centros de emergencia, y 82 víctimas y 66 menores pasaron por las 14 casas de acogida.

Sensibilización

Entre otras iniciativas, la consejera recalcó la formación en igualdad así como la sensibilización, también entre los jóvenes. Precisamente Isabel Blanco compartió también ayer junto a su compañera de Gobierno Rocío Lucas, consejera de Educación, una jornada con varios centros educativos con el objetivo de hacer partícipes a los jóvenes en la lucha. Hasta la fecha, un total de 47 centros se han adherido a un protocolo de intervención educativa ante posibles casos de violencia.

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