Sacyl pretende que el gasto con la sanidad privada se mantenga en el 3,5%

El eterno ‘sanidad pública versus sanidad privada’ ha vuelto al debate político tras la aprobación del proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad que se ha topado con el rechazo frontal de Podemos. El socio morado de Pedro Sánchez considera que la iniciativa de Carolina Darias sigue la senda de la aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar que, a su juicio, no es otra que la privatización. Pero es que, además, rechaza que se mantenga abierta la vía de los conciertos con la sanidad privada y para acabar con ellos ya ha anunciado que presentará enmiendas durante la tramitación del proyecto de ley en el Congreso.

Lo cierto es que la pandemia ha vuelto a poner sobre la mesa el papel que desempeña lo privado en el ámbito sanitario y su capacidad para colaborar con lo público. Después de unos meses en los que ambos caminaron bajo el mismo mando -en el caso de Castilla y León, la consejería de Sanidad- el retorno a cierta normalidad ha supuesto también la vuelta a un escenario en el que, en principio, no parece que la relación del departamento de Verónica Casado con estas empresas vaya a cambiar, salvo que obligada se vea.

Así, según sus propias palabras, la previsión de gasto en conciertos con la sanidad privada para el próximo ejercicio es del 3,51 por ciento del total de la Consejería , una cifra similar a la de este año, mientras que en 2019 fue del 3,2 y en 2018 del 4,1. Desde 2008 la reducción ha sido de 1,2 puntos porcentuales.En cifras absolutas el pasado año se gastaron en conciertos 99,5 millones de euros (36,4 corresponden al transporte de emergencias), si bien en 2019 fueron 127. En principio, la intención de la Consejería, según señaló Casado, es mantener unos porcentajes que han situado a Castilla y León como una de las comunidades con menor gasto con la sanidad privada. De cara a 2022, según indicó, «los conciertos únicamente tendrán razón en situaciones muy excepcionales o cuando podamos facilitar acceso a algún servicio que nuestro sistema público no pueda proveer pero sea preciso para mejorar la salud de nuestros ciudadanos». En este último caso estaría la radioterapia de Segovia, aunque cabe pensar también que entre estas excepciones se sitúa el tratar de reducir las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas. De hecho, actualmente es un práctica que, aunque no generalizada, se está realizando al derivar operaciones a centros privados para acortar plazos.

En el otro lado de la balanza, la Sanidad privada , tras la ofensiva de uno de los socios del Gobierno de España para acabar con cualquier forma de colaboración, advierte de que la pandemia ha demostrado que es imprescindible la concurrencia de los dos sistemas -privado y público- para que la sanidad sea accesible a la población. Por ello, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a todo el sector, considera que «es una irresponsabilidad -tras el colapso por la pandemia de más de 18 meses, el incremento de las listas de espera y la falta de equidad- frenar los procesos de reformas que necesita nuestro sistema sanitario, ya no por cuestiones ideológicas, todas muy respetables, sino por simple demagogia» que, a su juicio, es la que utiliza Podemos con sus argumentos.

El sector sanitario privado cuenta en Castilla y León con 21 hospitales (el 57 por ciento del total de la Comunidad) y 2.202 camas (el 23 %). Además, dispone del 43 por ciento de los equipamientos de resonancia magnética y el 40 de los TAC, según los datos aportados por IDIS. Estos centros realizan el 16,7 por ciento de las intervenciones quirúrgicas, el 12,7 de los ingresos y el 17,8 de las urgencias. No obstante, los conciertos derivados del transporte sanitario que, precisamente, están siendo revisados para una nueva contratación en el próximo ejercicio, acaparan el 53,8 por ciento, seguido por la atención especializada, con el 21,9.